Chihuahua, Chih.

Concluyeron los trabajos del Foro Regional del Norte contra la Militarización, que se desarrollaron este fin de semana en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, ubicada en el municipio de Saucillo. Ahí, estudiantes normalistas y activistas procedentes de Ciudad Juárez y de la capital de Chihuahua; de Mexicali, Baja California, y de Gómez Palacio, Durango, se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI); de igual manera, llamaron a candidatos y al pueblo en general a propiciar que se abrogue la nueva legislación, se otorgue amnistía a luchadores sociales perseguidos por autoridades judiciales y se conforme una red contra la militarización de la seguridad pública en el norte de México.

La declaración final del foro expone la necesidad de integrar una causa común contra la militarización de las comunidades del norte del país, así como por la defensa del territorio y de los recursos naturales.

Los participantes en el encuentro definieron la militarización de la seguridad pública como una estrategia que acompaña a un modelo económico que desde finales de la década pasada ha tenido resultados desastrosos para México, particularmente para zonas rurales y ciudades fronterizas, pues se vincula a una estrategia que entrega la soberanía nacional a los intereses del extranjero, lo que ha resultado en el incremento de feminicidios, desapariciones forzadas, violaciones a los derechos humanos, al igual que asesinatos de periodistas y luchadores sociales.

Exigieron el fin inmediato de la estrategia de guerra, la abrogación de la LSI, el regreso del Ejército Mexicano a los cuarteles, el fin del fuero militar y la desmilitarizaron de las policías municipales.

El cierre de los trabajos incluyó un llamado a otras organizaciones, comunidades autónomas, organizaciones sociales y referentes de lucha, para avanzar en el trabajo de documentar violaciones a los derechos humanos producto de la militarización, adoptar la lucha por la defensa de los recursos naturales y el territorio de forma organizada en los estados del norte del país, además de exigir la liberación de presos políticos y el fin de procesos penales contra luchadores sociales.

En cuanto al cese de la criminalización de la protesta social, pidieron amnistía para al menos ocho profesores que enfrentan carpetas de investigación en Durango, por manifestarse contra la reforma educativa.

Participaron en el foro estudiantes normalistas, habitantes de comunidades afectadas por la empresa productora de cianuro de sodio Chemours, de Gómez Palacio, Durango; la Asamblea Popular Chihuahua en Resistencia, el Movimiento contra la Militarización de Ciudad Juárez, Mexicali Resiste y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Durango.