Comuneros de Milpa Alta emplazaron a las autoridades capitalinas a reiniciar el proceso penal contra cinco talamontes liberados y que atentaron contra la vida de integrantes de una brigada comunitaria, y exigieron se instauren operativos permanentes de vigilancia para evitar la tala de árboles y se reintegre la camioneta y equipo a dicha brigada.

En la toma de la agencia investigadora del Ministerio Público (MP) advirtieron que de no obtener una respuesta positiva del procurador capitalino, Edmundo Garrido, crearán una policía comunitaria o autodefensas, para evitar el ecocidio y lograr el cierre de más de un centenar de aserraderos que opera de manera ilegal en los alrededores de la demarcación.

Se trata, dijeron, de acabar con la impunidad y la protección del Estado hacia gente como Narciso Torres, Moisés Rosas, Adrián Arellano, Gustavo Nápoles y Humberto Chávez, cabecillas de un grupo delincuencial que se dedica a talar nuestros montes comunales, quienes fueron detenidos el 6 de junio y liberados dos días después.

Decenas de comuneros se congregaron ayer en el edificio de la Procuraduría General de Justicia, a las 9 horas, donde la fiscal de investigación Maribel Bojorges les explicó que el caso fue turnado a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.

Sin embargo, ésta los puso en libertad y envalentonados atacaron una brigada, a cuyos integrantes despojaron de su camioneta, equipo y pertenencias personales, tras amenazarlos con armas largas, a fin de detener la vigilancia de las brigadas en los montes, tarea que hemos asumido ante la omisión y contubernio de las autoridades, señalaron.

Tras 11 horas de tomar el inmueble, una comisión se trasladó a la PGJ para hablar con el titular, pero de no obtener una respuesta positiva a nuestras demandas, nos vamos a armar como autodefensas o policías comunitarias; tenemos pistolas y rifles para hacerlo, así que la autoridad tiene la última palabra.

Los comuneros, quienes pidieron mantenerse en el anonimato ante el riesgo de represalias, explicaron que en febrero de 2010 los fuertes vientos derribaron más de 100 mil árboles y la autoridad federal otorgó un permiso para retirar la madera. Un año después, unos pillos comenzaron a derribar árboles.

Después de dos años se realizó un macrooperativo para desmantelar los aserraderos, pero en 2016 se presentó otro fenómeno meteorológico que derribó cerca de 30 mil árboles, lo cual fue aprovechado por talamontes.

Mencionaron que en enero pasado se crearon brigadas de vigilancia, que han realizado siete operativos y puesto a disposición del Ministerio Público a nueve talamontes, siete camionetas y más de 50 metros cúbicos de madera en rollo y 20 metros cúbicos de madera aserrada, diversas herramientas y equipos, pero no hacen nada contra ellos.