La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió una serie de recomendaciones a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Pemex, empresas privadas, gobiernos y congresos estatales e incluso a Diconsa para lograr mayor competencia en el mercado del gas licuado de petróleo (gas LP). Este energético, indicó, es usado por 76 por ciento de las familias mexicanas, pero está concentrado en un número reducido de empresas, algunas de las cuales participan en toda su cadena de valor (importación, transporte, almacenamiento, distribución y venta final).

Tras haber sido liberalizado en enero del año pasado, el precio del gas LP subió 8 por ciento durante 2017, además de que las importaciones se incrementaron y ya cubren 30 por ciento del consumo nacional, pero se desconoce el precio al que lo compran las empresas.

Insistió en que entre más competidores existan en un mercado se reducen los precios de los productos ofertados y en el caso del gas LP calculó que su precio baja hasta 6.5 por ciento cuando participan uno o dos nuevos distribuidores en una región.

En el país existe capacidad sub­utilizada de transporte y almacenamiento en manos de Pemex y de unas cuantas empresas privadas que por ley deben compartir con otros participantes y cuyo cumplimiento debe garantizar la CRE, sostuvo la Cofece en las recomendaciones planteadas en el documento Transición hacia mercados competidos de energía: gas LP y el cual es independiente de una investigación que desarrolla sobre posibles prácticas monopólicas en la distribución y comercialización de ese combustible

También indicó que Diconsa debe valorar la posibilidad de utilizar todas sus tiendas como puntos de venta de gas LP, mediante licitaciones públicas con un alcance regional para elegir al suministrador que asegure las mejores condiciones de precio y servicio en esas tiendas.

Más concentración

Con la liberalización de las importaciones en 2016, el mercado se concentró aún más, muy probablemente porque sólo unos cuantos grupos económicos tienen la capacidad de internar y almacenar dicho producto para luego comercializarlo, señaló.

Mientras la producción nacional de gas LP ha caído, la entrada de firmas privadas al mercado de gas LP aumentó 60 por ciento en 2017 y las importaciones del combustible aumentaron entre los años 2000 y 2015 al grado de representar 30 por ciento del consumo nacional, precisó la Cofece.

Sin embargo, advirtió que llama la atención que, ante este nivel de importaciones, no exista información pública respecto de los precios de internación, es decir, aquellos a los que las empresas, tanto Pemex como privadas, compran el combustible en el extranjero y lo ingresan al país. Esto imposibilita el análisis del margen de comercialización de las empresas que lo importan y venden a los consumidores finales.

Además, la liberalización del mercado no redujo sino que aumentó la concentración de empresas en la distribución y venta del gas LP, último eslabón de la cadena, ya que cinco grupos económicos acaparaban 48 por ciento del mercado nacional en 2015 y para 2017 incrementaron su participación a 53 por ciento, pero la concentración es mayor en Yucatán, Baja California y la región del Pacífico.

La Cofece destacó el impacto económico que tiene el gas LP entre la población, ya que su enca­recimiento tiene efectos regresivos importantes en los hogares más pobres de México, que en términos porcentuales destinan para comprarlo 3.5 veces más de su gasto que las familias de mayores recursos.

A la CRE también le demandó que recopile y publique los precios de internación del gas LP en las aduanas para contar con información confiable de los márgenes de venta de las empresas suspender o no dar permisos a las compañías verticalmente integradas sin contar con una opinión favorable de la Cofece; garantizar a las empresas que lo requieran el acceso a ductos y terminales de almacenamiento, propiedad de privados y Pemex, y que éste publique información sobre su capacidad utilizada al respecto, so pena de ser sancionado legalmente e imponer regulación a los almacenistas privados.

También a los gobiernos y legislaturas estatales les solicitó eliminar barreras al establecimiento de expendios de gas LP que están incluidas en varias legislaciones locales.