n Los Cabos, Baja California Sur, el candidato no priísta que compite a nombre del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribreña, lanzó una advertencia peculiar: Que a nadie sorprenda el primero de julio cuando ganemos esta elección, que hemos trabajado para hacerlo; porque hemos hecho campaña, porque hemos sudado la camiseta, porque hemos hecho más propuestas y porque tenemos al mejor ejército para ganar.

Como en la famosa canción de José Alfredo Jiménez, el candidato Meade, a pesar de la enorme distancia que lo separa de Andrés Manuel López Obrador (según la inmensa mayoría de las encuestas de opinión que han sido publicadas), le dice al triunfo electoral que lo siente juntito a él (https://goo.gl/wMmb2D).

La insistencia del mencionado Meade en la supervivencia de sus posibilidades de triunfo en la contienda presidencial (a pesar de todos los datos en contra) es un signo de la confianza del régimen en la implantación de mejoradas técnicas de adulteración electoral que pudieran cambiar las tendencias hasta ahora observadas y colocar retadoramente como triunfador a quien ocupa actualmente el tercer lugar en intención del voto.

Ricardo Anaya Cortés, por su parte, ha ensanchado la división con Los Pinos al hacer que miembros de su equipo de campaña presentaran el lunes una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra Enrique Peña Nieto (jefe máximo de esta procuraduría y del aparato electoral de apoyo a Meade), el antecesor en la casa presidencial, el (todavía) panista Felipe Calderón Hinojosa, y el propio candidato Meade, quien fue secretario de Estado en distintos momentos de las administraciones de Calderón y Peña.

La acusación es grave, pues no se trata de hechos aislados, sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y de la economía nacional, es decir, en perjuicio de la hacienda pública federal y de los consumidores. En otra parte de la denuncia se asegura que lo sucedido fue una auténtica asociación para delinquir. Una conspiración de Estado para beneficiar a un particular (Braskem/Idesa) y a sus socios en el gobierno, en perjuicio de Pemex, de la industria nacional y sus consumidores.

Además de apuntar hacia Peña Nieto (ampliamente involucrado a partir de cuando menos la campaña presidencial de 2012, el nombramiento de Emilio Lozoya como director de Pemex y el otorgamiento de contratos y concesiones sumamente ventajosas a Odebrecht y sus aliadas o filiales), la denuncia del frente tripartidista que apoya a Anaya ha ampliado el alcance del radar hasta alguien poco mencionado en el escándalo de corrupción continental iniciado en Brasil: a Felipe Calderón, quien hasta ahora había nadado de a muertito en el tema, a pesar de que justamente los temas petroleros y energéticos en general fueron parte del saldo oscuro de su administración.

El caso criminal denominado Etileno XXI alcanzaría, según los frentistas, a los citados Peña, Meade y Calderón, pero también a los ex directores de Pemex Emilio Lozoya y Juan José Suárez Coppel; a los ex secretarios de Estado Carlos Ruiz Sacristán y Jordy Herrera, y al actual titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, así como al embajador formal de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez.

Hablando de relaciones exteriores, ha habido enojo de mexicanos por la tibieza burocrática del citado Videgaray y su equipo ante la detención de niños migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también mexicanos, en jaulas policiacas estadunidenses. Siempre sometida a los dictados de la Casa Blanca de Washington, la cancillería peñista recurre a una retórica de bajo alcance y a una operatividad diplomática inocua, temerosa siempre la trinca Peña-Videgaray-Meade de ofender al multimillonario insolente y desquiciado, del cual esperan favores electorales de última hora.

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