na oleada de posts y tuits ha circulado estos días. Y qué gusto saber que la ciudadanía está preocupada por el agua. ¡Ya era hora! Pero no ha bastado para explicar lo que pasa con los decretos de levantamiento de veda.

¿Es o no privatización? Destinar volúmenes de agua para el medio ambiente es bueno, pero estos decretos instrumentan el camino para otorgar la certeza jurídica sobre el agua al sector privado, que al actual gobierno le urge concretar para completar la entrega de los hidrocarburos a la inversión privada.

El gobierno se cuida de no usar las palabras como privatización o fracking. Por ejemplo en la reforma energética, uso industrial se define como la extracción de cualquier producto que se pueda extraer del subsuelo bajo cualquier procedimiento. Con esto no necesitas mencionarlo para que se pueda hacer y se hace fracking.

El gobierno de Peña ha entregado el sector de hidrocarburos a manos privadas. Y como no pudo imponer su Ley General de Aguas que liberaba el agua al sector de hidrocarburos, la estrategia fue enfocarse en leyes estatales, lineamientos y decretos para lograrlo, como lo son estos dictámenes publicados el pasado 5 de junio.

Entonces, si buscas la palabra privatización, no la encontrarás. Si le preguntas al gobierno si está privatizando, lo negará. La Conaga, Semarnat y WWF nos dicen que con toda seguridad no se privatiza porque el agua mantiene su calidad de bien nacional, pero en el momento en que el uso de grandes cantidades de agua queda en manos de privados mediante las concesiones –lo cual acaban de facilitar–, ¿le llamamos o no privatización?

Si realmente la idea es proteger el agua para consumo y medio ambiente, ¿por qué no mencionar el derecho humano al agua que tenemos en la Constitución? ¿Por qué quedarse con el concepto de uso público urbano que permite a organismos prestadores de servicio entregar el agua a industrias y servicios?

¿Por qué levantar la veda y crear zonas de reservas? Conforme leía los decretos me quedó claro que el estatuto de Zona de Reserva parcial es el instrumento más flexible que encontraron para en efecto garantizar un volumen para el uso público urbano y ambiental, liberar el resto para la explotación, el uso y aprovechamiento del agua para cualquier uso, incluyendo el sector industrial, si las autoridades lo consideran de utilidad pública.

En los decretos encontramos, por ejemplo, que se declaran de utilidad pública megaobras, eliminando distritos de riego. También encontramos la agenda de privatización de los servicios públicos de provisión de agua que en su mayoría recaen a escala municipal. Éstos, en vez de ser apoyados por el estado para mejorar su eficiencia, se les ha abandonado y, bajo el argumento de su mala gestión, se buscará eficientizar sus servicios con su privatización. Sin embargo, ha quedado demostrado en varias partes del mundo que esto no es así (vean este video). París o Buenos Aires recuperaron y fortalecieron su sistema público después de una catastrófica experiencia privada.

Regresando a la reforma energética, la ley de hidrocarburos establece que la industria de carburantes es de utilidad pública (también lo es la minería), y que por ello el Estado puede obligar a las y los dueños de los territorios a rentárselos a las empresas petroleras por medio de la servidumbre legal y la ocupación y afectación superficiales. Esta misma ley dice que las actividades de exploración y extracción de gas y petróleo son de interés social y orden público. Y si quienes habitan los territorios se resisten a cederlos y los defienden, el Estado podrá hacer uso de la fuerza pública en su contra.

¿Pero qué les faltaba para completar su gran negocio?, el agua. La industria de hidrocarburos es muy sedienta. Y estos decretos liberan los grandes volúmenes de agua que esta industria necesita.

Gracias a la movilización ciudadana, las autoridades han dado su versión de los decretos y han repetido que “no se otorgará ninguna concesión para ese volumen liberado y no darán agua potable para fracking”. Pero a estas alturas de su administración ya no es posible creerles.

¿Qué hacemos entonces? Necesitamos actuar todos juntos y velar por los procesos que garantizan los volúmenes de reserva, su calidad –aspecto muy importante– y velar también por los procesos de asignación o concesión que empezarán a realizar. Porque si Conagua no fue capaz de velar por las zonas en veda desde sus creaciones, ¿por qué ahora sí va a garantizar los volúmenes adjudicados para uso público-urbano y medio ambiente? ¿Quién va a medir y garantizar que esta agua sea respetada? ¿Quién va a garantizar la calidad del agua si Conagua ha permitido que más de 70 por ciento de nuestros ríos estén contaminados?

Urge un ente regulador que vigile y fiscalice el cumplimiento de la ley en materia de agua y a Conagua. También se requiere de una contraloría ciudadana que tenga acceso y difunda información, e identifique problemas y soluciones.

*Experta en temas de agua y medio ambiente y coordinadora de de la red de acción por el agua FANMex