Las representaciones de PRI y Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrascaron ayer en un debate en el que el primero acusó al segundo de establecer un esquema de financiamiento ilegal de su campaña, que ha implicado el desvío de recursos de un fideicomiso destinado a los damnificados por los sismos de septiembre, lo que ya investiga la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

Morena rechazó los señalamientos y cuestionó que quien los hace sea el partido más corrupto del país; dijo que no son más que patadas de ahogado de quien va en tercer lugar en las encuestas de preferencia electoral.

El debate tuvo lugar en la sesión ordinaria del Consejo General, donde el presidente del instituto, Lorenzo Córdova Vianello, y sus colegas Claudia Zavala y Pamela San Martín rechazaron cualquier insinuación de estar actuando con parcialidad o con base en valoraciones políticas.

Destacaron que las investigaciones de la UTF se realizan con apego a los principios de certeza y exhaustividad, por lo que no se van a acelerar ni retardar los tiempos de su conclusión. Aunado a ello, exigieron a los actores políticos observar el principio de secreto que implican dichas pesquisas, luego de que el PRI dio a conocer detalles de las mismas en torno al fideicomiso para los damnificados.

La discusión se inició a propósito del informe que presentó la Comisión de Fiscalización sobre los ingresos y gastos de campaña de los candidatos presidenciales.

El presidente de dicha instancia, Ciro Murayama, señaló que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ha reportado 85 por ciento de sus egresos de manera extemporánea; Ricardo Anaya, de la alianza Por México al Frente, 16.3, y José Antonio Meade, de Todos por México, uno por ciento. El independiente Jaime Rodríguez, 29 por ciento.

Aunado a ello, expuso que los precios reportados en la contratación de anuncios en la vía pública, son disímbolos. Por ejemplo, los de López Obrador son de mil 626 pesos cada uno en promedio, mientras los de Meade y Anaya son de 22 mil y 30 mil 675 pesos, respectivamente.

A siete días de que concluyan las campañas, Murayama advirtió que si no se rinden cuentas de manera oportuna, habrá consecuencias en los dictámenes que se votarán en unas semanas más.

Los representantes del PRI ante el INE, Emilio Suárez y Mariana Benítez, pidieron cerrar la etapa de instrucción de la investigación que se sigue en la UTF sobre el supuesto uso del fideicomiso mencionado y sancionar a Morena, pues de nada sirve que informen si no actúan. Revelaron datos de la averiguación, entre ellos que al fideicomiso llegaron 46 millones de pesos en efectivo de donantes desconocidos y otras aportaciones del Poder Legislativo de Zacatecas y de empresas, lo cual está prohibido por la ley.