El tercer tribunal unitario del decimonoveno circuito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) cumplir con las sentencias de amparo otorgadas a los presuntos sicarios o halcones Salvador Reza Jacobo, El Lucas o El Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos, así como a Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva, El Duvalín o El Chequel, quienes confesaron el secuestro, asesinato y quema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Con el requerimiento las autoridades tienen 10 días a partir de este miércoles para reponer el procedimiento del caso Iguala desde el inicio, como lo ordenó en su momento el primer tribunal colegiado de Tamaulipas, y crear una comisión de la verdad y justicia, ya que de acuerdo con los magistrados la investigación no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, según el fallo en los juicios de amparo del 204/2017 al 206/2017, en los cuales se concedió la protección de la justicia federal a los acusados.

Esta comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación. Los jueces determinaron que serán los dos primeros los encargados de determinar las líneas de investigación que se deben seguir y las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales como internacionales que son defensoras de las garantías fundamentales.

En la resolución pública el colegiado pidió que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul para justificar que los acusados no fueron torturados, como lo señalaron en sus declaraciones ministeriales.

También ordena que se eliminen los autos de formal prisión por delincuencia organizada y otros delitos, porque de acuerdo con los magistrados hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.

La PGR todavía puede interponer un recurso de queja contra los impartidores de justicia, pero la Suprema Corte de Justicia tendría que dar entrada a él para analizar si hubo algún exceso en la resolución.