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Prisión preventiva por portar arma de fuego, demanda la Conago

Ampliar el catálogo de delitos no es la solución: PGR

Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 22 de junio de 2018, p. 5

Acapulco, Gro.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que por unanimidad los mandatarios estatales han expresado su acuerdo en incorporar la portación de arma de fuego al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) manifestó su desacuerdo.

Durante la 39 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el mandatario pidió al Congreso que actúe para que a los detenidos con armas de fuego se les aplique la prisión preventiva oficiosa y evitar la llamada puerta giratoria que les permite obtener la libertad.

Tanto el Congreso federal como todas las instancias con facultades para presentar iniciativas debemos actuar y encuadrar correctamente el tema para contener la salida de los portadores y que se apliquen penas más amplias, dijo.

Ante procuradores y fiscales del país, así como el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, Astudillo explicó que en diversas reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se ha tratado el tema de las armas y coincidieron en que se debe modificar el nuevo sistema penal acusatorio.

Al respecto, Roberto Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la PGR, se pronunció contra la propuesta del gobernador de Guerrero y dijo que ampliar el catálogo de delitos no es la solución.

No existe esa puerta giratoria que dicen, lo que sucede es que estamos enfrentando el reto de la equivalencia entre cárcel y justicia. El sistema tradicional generó la idea de que sólo se hace justicia en los casos en que la persona se encuentra privada de la libertad. Ahora, en el sistema acusatorio, tenemos otras formas de resolver los conflictos penales, explicó.

Ochoa Romero sostuvo que el camino a seguir es el de la capacitación y formación continua de los agentes del Ministerio Público para que se pueda argumentar una prisión preventiva justificada.