El costo de la inseguridad para la industria transportista del país en 2017 representó 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, de acuerdo con un estudio de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

El costo total, estimado por Consultores Internacionales, ascendió a 92 mil 500 millones de pesos y fue el resultado de la sumatoria de los gastos generados directa e indirectamente.

El documento señala que los costos directos –el equipamiento preventivo, seguros, trámites y diligencias para recuperar los vehículos robados, deducibles e ingresos que dejan de percibir las empresas que prestan el servicio– representan 7 por ciento del PIB del sector, sin contar los del Estado (indirectos).

Detalló que los principales afectados por tener que cubrir los gastos generados por los hechos delictivos son los transportistas, sector que tuvo que cubrir el año pasado 43 mil 664 millones de pesos.

En ese tenor, indicó que la cifra es mayor a lo que el Estado destina a los programas Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que en conjunto sumaron 38 mil 605 millones de pesos y no incluye los gastos en materia de procuración e impartición de justicia, cuyo monto ascendió 397 millones de pesos.

De tal manera, que la suma de todos los costos da el total de 92 mil 500 millones de pesos, pero acotó que sólo es una cifra estimada, pues la cantidad es mayor porque existen datos que son difíciles de cuantificar, como el mercado informal o bien el financiamiento de las actividades ilícitas.

El estudio señala que en años recientes la inseguridad se ha agudizado, lo cual no sólo es un problema para los transportistas, sino para economía del país, pues el sector contribuye con 3.2 por ciento del PIB nacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, en 2017 representó el 55.27 por ciento del comercio del país, pues el intercambio comercial mediante el transporte de carga fue de 458 mil 720 millones de dólares.

En una década, el uso del transporte de carga para movilizar mercancías en el país, y entre México y Estados Unidos se ha mantenido estable en 82 por ciento, pero en 2017 presentó un incremento de 3.1 por ciento.

El estudio también señala que el modus operandi de los delincuentes se divide en dos principalmente. El primero en estacionamientos o áreas inseguras.

Mientras el segundo ocurre durante el trayecto de las unidades usando bloqueos o bien interceptando los vehículos. La Canacar ha señalado que niños y menores de edad son usados para fines delictivos, pues arrojan piedras o pintura para que los camiones detengan su circulación y los delincuentes puedan comenten el atraco.

Los estados de México, Puebla y Tlaxcala han sido identificadas como las entidades donde se comenten más delitos contra el transporte, al concentrar 75 por ciento de los ilícitos.

Entre los elementos que detonan el aumento de la inseguridad, enumeró la presencia de grupos del crimen organizado y el nuevo sistema penal acusatorio, que ha sido señalado por la IP como una puerta giratoria para la delincuencia.