Una constancia de alineamiento emitida por la delegación Cuajimalpa confirma la existencia de un río en el predio donde las autoridades de Ciudad de México (CDMX) han pretendido edificar un nuevo Hospital General dentro del pueblo de El Contadero. Cabe recordar que el anterior hospital fue destruido por una explosión el 25 de enero de 2015. En los próximos días se cumplirá un año de que la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex) y el gobierno de la CDMX abandonaran la construcción en el mismo sitio.

Se han confirmado asimismo irregularidades en el permiso de uso de suelo expedido por la Secreataría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de acuerdo con lo documentado por la organización civil Kosmo Publicus, la cual identifica como causas del abandono oficial el que la Comisión Nacional del Agua determinara que en los dos predios donde se inició la construcción del nuevo nosocomio se afecta la zona federal del río Tacubaya, y que un tribunal (el décimosexto colegiado en materia administrativa) admitiera la legitimidad del organismo civil para actuar en nombre del pueblo indígena de El Contadero.

Bernar Flores, vocero de Kosmo Publicus, argumenta la ilegalidad de la obra a la vista del incumplimiento de una consulta previa, libre e informada al pueblo originario, así como la ausencia de resolutivos de impacto ambiental que avale la obra. Considera igualmente fuera de la ley la construcción de un hospital en el lecho de un río, y registrar un proyecto de inversión no autorizado.

La constancia de alineamiento que expidió la delegación Cuajimalpa el 31 de enero de 2017, según Flores, dio la puntilla al proyecto al evidenciar la existencia del río y la presencia de instalaciones públicas en funcionamiento. A esto se añade que la resolución de impacto ambiental (4 de abril de 2017) de la secretaría capitalina correspondiente condiciona la construcción a que se delimite la zona federal de río Tacubaya. Aunque suspendida temporalmente por la falta de resolución de impacto ambiental, la construcción continuó con la asignación indebida de 12 millones de pesos a Prodemex. En octu-bre de ese año, la Secretaría de Obras capitalina dictó la terminación anticipada del contrato.

El pasado 18 de junio se reanudó un juicio de amparo promovido por El Contadero al desechar los tribunales un recurso de queja del secretario de Obras y Servicios, Gerardo Báez Pineda, y el director General de Obras Publicas, César Alejandro Guerrero Puente, quienes se negaban a entregar al juez los actos administrativos que sustentan la suspensión temporal y la terminación anticipada del proyecto.

Han pasado 50 días, dice Flores, de que El Contadero requirió al gobierno capitalino (sin recibir respuesta hasta hoy) que se abstuviera de seguir violentando los derechos fundamentales del pueblo indígena con el reinicio inadvertido de la construcción, así como cancelar el proyecto y reparar los daños y perjuicios a la comunidad, infringidos con la complicidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.