Ante el recrudecimiento de la violencia política en los días recientes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que es responsabilidad del Estado mexicano, en los días previos, durante y después de la jornada electoral, generar las condiciones para que los comicios se celebren en condiciones de paz pública y seguridad, para que los millones de ciudadanos puedan ejercer su voto.

Al abundar sobre el asesinato de candidatos, Córdova Vianello pidió exorcizar las amenazas de violencia en el proceso electoral, porque siempre serán condenables los ataques contra quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular, y el INE lo ha hecho en cada caso. No es que los comicios hayan provocado esta violencia, sino que ésta ya estaba antes de que éstos comenzaran.

Recordó que en 1994 ya en México se había realizado una elección en medio de la violencia, aunque de otro tipo; sin embargo, en ese año la sociedad salió a las urnas como nunca antes, pues la apropiación de ciudadanos de los comicios es una forma colectiva de decir no a ese entorno. Refirió que este fenómeno es la antítesis de la democracia, porque el objetivo de ésta es el procesamiento de las diferencias de forma institucional.

La veda

En conferencia de prensa al término del tercer simulacro de operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, recordó que el próximo miércoles concluyen las campañas electorales e iniciarán tres días de veda electoral, durante la cual no se pueden difundir encuestas ni realizar proselitismo. Por ello, pidió a los actores políticos y sociales que respeten estas reglas del juego, y advirtió que cualquier trasgresión será sancionada por el INE.

Al preguntarle sobre si los llamados del INE al apego a la legalidad son desacatados por los actores, respondió: no son llamados a misa. Es la autoridad electoral la que demanda a los partidos y candidatos estar a la altura de la ciudadanía.

Para Córdova Vianello, la imposibilidad de que exista un fraude el próximo domingo proviene de la participación de 1.4 millones de ciudadanos como funcionarios de casilla, al tiempo que será la elección más vigilada por los partidos políticos que acreditaron casi 2.7 representantes por centro de votación.