En ocho años (2008-2016) murieron 311 mineros por las precarias condiciones laborales o por ataques de grupos criminales, sostuvo el coordinador del Panal en la Cámara de Diputados, Luis Alfredo Valles.

La mayor cantidad de casos se registró en el estado de Coahuila, con 74 decesos, además de innumerables accidentes, muertes y mutilaciones por falta de medidas de protección, así como deficiencias en la seguridad de distintos yacimientos, de acuerdo con un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ante eso, el legislador llamó a reforzar las inspecciones de las autoridades federales a las minas del país en busca de proteger a los 328 mil trabajadores de esa industria.

Valles dijo que de acuerdo con la norma oficial mexicana (NOM), las empresas mineras tienen la obligación de mantener en condiciones eficaces de operación todo el equipo, maquinaria y estructuras necesarias para que los procesos de extracción sean seguros.

Como representantes de los ciudadanos debemos prevenir todo accidente mortal, lesión o menoscabo de la salud de los trabajadores o de la población, así como perjuicios al medio ambiente que sean producto de operaciones mineras, indicó el diputado.

Explicó que entre las obligaciones de las mineras se encuentra garantizar el acceso a los artículos básicos de seguridad: guantes, lentes de seguridad, autorrescatador, tapones o conchas auditivas, respiradores contra partículas, cascos de protección, linterna con batería recargable, entre otros, como parte del equipamiento mínimo para dicha actividad.

Para Valles, la industria minera es un sector clave para el país por su importancia económica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la minería genera divisas por 22 mil 516 millones de dólares, mientras la Cámara Minera de México señala que además de los 328 mil empleos directos creados, hay un millón 600 mil indirectos.