Tras poco más de cuatro años de que el Estado mexicano se comprometió a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece los derechos de los trabajadores del hogar, esto podría ser una realidad en poco tiempo, señalan diferentes actores.

El miércoles pasado, la senadora priísta Diva Gastélum anunció que el gobierno dio su aval para que se ratifique, por lo que muy pronto se aprobará. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, expresó su confianza en que ello suceda en este sexenio. Hay tiempo todavía, dijo.

Durante estos años a los llamados para que el gobierno responda afirmativamente se han sumado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ONU Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organizaciones feministas y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.

México firmó el Convenio 189 en 2011. En 2014 el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a ratificarlo. No obstante, en información que entregó el gobierno a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en marzo pasado, a propósito de su noveno informe, expuso que el principal obstáculo para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar es obtener los recursos necesarios.

La espera ha afectado a 2.4 millones de personas, más de 90 por ciento mujeres, la mayoría sin seguro social, servicios médicos, vivienda y que sufren múltiples discriminaciones. Estadísticas revelan que 37 por ciento de trabajadores del hogar recibe hasta un salario mínimo; 42 por ciento, entre uno y dos salarios; menos de 25 por ciento obtiene aguinaldo; a menos de 10 por ciento se le otorga vacaciones con goce de sueldo.

Ante ello, trabajadoras del hogar formaron un sindicato y han difundido un contrato para que otros lo presenten a sus empleadores. Insisten en que si no se ha ratificado el Convenio 189 no ha sido por falta de recursos sino de voluntad política.

La Constitución indica que los convenios regidos por el derecho internacional celebrado entre el gobierno de México y sujetos de derecho internacional, deberán ser aprobados por el Senado. Con la ratificación se hace constar en el ámbito internacional el consentimiento en obligarse por estos convenios.