El primer tribunal colegiado del 19 circuito consideró emitir un nuevo dictamen para aclarar las sentencias de amparo otorgadas a los presuntos sicarios o halcones Salvador Reza Jacobo, El Lucas o El Wereke; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros unidos, así como a Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva, El Duvalín o El Chequel, quienes confesaron el secuestro, asesinato y quema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En dichos amparos, el magistrado Mauricio Fernández de la Mora echó abajo la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de normalistas en 2014, pero además, junto con los magistrados Héctor Gálvez y Juan Antonio Trejo, ordenó reponer el procedimiento y crear una comisión para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

En la resolución pública el colegiado también pidió que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul para justificar que los acusados no fueron torturados, como señalaron en sus declaraciones ministeriales.

Ayer el primer tribunal colegiado del 19 circuito señaló que, en atención al acuerdo dictado el 19 de este mes, “considero pertinente hacer mía la solicitud de aclaración planteada en representación del Presidente de la República, así como de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Lo anterior, a fin de que el pleno de este tribunal colegiado esté en aptitud de abordar dichos planteamientos en la siguiente sesión ordinaria [el próximo jueves], con la precisión de que, la procedencia o no de la aclaración, debe versar no solamente respecto a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 203/2017, sino también en relación con los diversos 204/2017, 205/2017 y 206/2017, pues todos ellos guardan relación entre sí, indica el expediente.

Cierre de filas

Durante la pasada 39 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Acapulco, Guerrero, los procuradores y fiscales del país cerraron filas y se pronunciaron contra el órgano del Poder Judicial de la Federación que ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala.

Los procuradores y fiscales de las entidades afirmaron que el tribunal del 19 circuito carece de facultades para emitir esa orden, por lo cual se excedió en sus atribuciones.