n 2014, Irma Serrano abandonó el Hospital General Zacatecas despavorida por la mala atención que la retuvo cinco días esperando cirugía. ¿Cuál fue el argumento institucional?: falta de anestesiólogos y material de quirófano. Irma relató: es terrible: una situación contraria a los derechos humanos. No hay personal, indicaciones, seguimiento. Luego se documentó que la demanda –13 millones– había rebasado al instituto. Algunas unidades superaban 100 por ciento de ocupación.

Mientras, la Comisión de Valores (en Estados Unidos), notificaba que Stryker pagó sobornos a funcionarios Issste (con Yunes) ganó ilícitamente 2.1 millones de dólares. Evitando demandas liquidó (en territorio estadunidense) 13 millones de dólares.

Después, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que deficiencias en compras con Calderón (Yunes-Villalobos) fueron práctica común. 60 por ciento del total de contratos fueron asignados directamente en 2010, 50 por ciento en 2011 y 2012. También reconoció que la corrupción impacta la capacidad para brindar servicios.

En 2013, el director Lerdo de Tejada señaló que el Informe Financiero y Actuarial (IFA) por ningún motivo sustituye la obligación (artículo 46 transitorio de la ley), para revisar la viabilidad del instituto, que debió realizarse en 2011. Para solventarla, enfatizó, se presentará a nuestro órgano de gobierno como establece la ley. Ese IFA 2013 reconocía desequilibrios financieros y seguros deficitarios atendidos con transferencias gubernamentales.

La solución Lerdo consistía en elevar cuotas por peores servicios: se considera el incremento de aportaciones: elevarlas de 11.47 por ciento a 14.02 del sueldo básico.

Después reculó: gracias al proyecto de sistema universal, dijo, las instituciones afinan catálogos de servicios para acudir a cualquier hospital del sistema, independientemente de su derechohabiencia. Por tanto, no se propone aumento en cuotas, como planteaba IFA 2013. Pero en IFA 2014 escaló la amenaza: el seguro de salud establece 15.40 por ciento de cotización sobre el sueldo base. Para lograr solvencia a 20 años, sería indispensable incrementarlas en 3.25 por ciento.

Durante 2013, Juan Carlos Arnau –Turissste– comunicó que desde 2007 quería decretarse su muerte. Se le limitó para apoyar derechohabientes en recreación. Luego (2010) llegaron los abusos: actos del Bicentenario de la Independencia; Estela de Luz y Cumbre de Cambio Climático. Investigadas por el Órgano Interno de Control trajeron sanciones severas y derivaron en sobrerregulación que –ahora– se busca revertir. Le impiden participar en licitaciones de dependencias gubernamentales para la contratación de servicios de agencias de viaje.

Por la preferencia que tenía, se llegó a considerarlo como competencia desleal para los privados. Se contemplaron cambios legales (2014) para eliminar las limitaciones impuestas como agencia turística, considerada entre las cinco más importantes. Se propondría que ofreciera –como antes– servicios a todo público, como tiendas, farmacias, centros culturales y servicios funerarios. También se buscaría que coadyuvara a que los 50 mil millones de pesos gastados anualmente por el gobierno federal en viajes fueran mejor aprovechados. Asimismo, en 2014, se pondrían a disposición de los derechohabientes un monto por 152 millones de pesos, distribuidos en 7 mil 760 créditos para paquetes, con costos de un total de 13 mil 500 a 26 mil pesos. En 2013 se dispusieron para ello 3 millones de pesos y signaron convenios de servicios con Issfam-Pemex-IMSS e Inapam.

Al asumir el cargo de director (2015), José Reyes Baeza, reiteró su compromiso para actuar con lealtad total al Plan Nacional de Desarrollo” más que a la derechohabiencia. Su agenda se resumió en un doble discurso: negar de palabra privatización que llevaba adelante (asociación púbico-privada, subrogación), dando continuidad a los programas de vales (Partido Verde), y defensa especial del SNTE.

En 2014, Luis Miguel Victoria Ranfla, secretario general del Sntissste estableció que la falta de personal médico es tal que hospitales y clínicas están cerrados o sólo funcionan parcialmente porque no hay doctores, enfermeras, ni personal administrativo suficiente. Atiende a 13 millones de trabajadores y sus familias y pacientes de otros organismos por el intercambio de servicios.

Mientras Reyes Baeza, comunicaba que la pérdida de recursos por resurtimiento ilegal de recetas, alcanzaba mil 500 millones de pesos anuales que se evitaría implementando un simple código de barras”. Simultáneamente ofreció abatir el rezago de 5 mil cirugías programables, utilizando esquemas de fines de semana y eficientar las citas médicas para consolidar un tiempo de espera no mayor a cuatro días en medicina familiar y especialidades. Más 200 trasplantes durante 2016.

En 2016, el doctor Narro –con Reyes Baeza– declaró: es mentira que la universalización de los servicios implique privatizarlos. Como apunta una doctora en León: 28 pacientes de siete a 14 horas sin ir al baño ni tomar agua. Si no, no termino. Esto es Issste. Y aún así doy calidad.