El Seguro Popular se ha instaurado como el mayor esquema de atención médica en el país con una cobertura de 53 millones 505 mil afiliados; no obstante, en 14 años de operación, los órganos encargados de su conducción no han conseguido superar las deficiencias en cuanto a la discriminación y escasa calidad en los servicios de atención médico-quirúrgica.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluye en la revisión al Seguro Popular –durante el año 2017– que éste sigue sin contar con información ni indicadores y metas para evaluar el cumplimiento del mandato del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud y, con ello, valorar la atención del problema público.

Anoche, la ASF entregó el resultado de la revisión del gasto federal en salud por lo que toca al Seguro Popular y advirtió que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) no estableció los términos de referencia ni realizó la evaluación integral del SPSS, a fin de verificar en qué medida y con qué eficiencia se estarían alcanzando los objetivos y metas definidos en su operación, cuyos resultados permitiesen adecuar las estrategias de funcionamiento y la definición de las políticas relacionadas con el mismo.

Un caso específico de opacidad acerca del Seguro Popular es que el Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud no fue confrontado con los regis-tros de afiliación de las instituciones de seguridad social y esquemas públicos y sociales de atención médica para el ejercicio fiscal 2017, debido a que no existe disposición jurídica ni acuerdo que establezca el plazo para que el Consejo de Salubridad General entregue los resultados del cotejo para el ejercicio fiscal correspondiente.

En este segmento –se identificó en la auditoría citada– el cotejo del padrón de beneficiarios del Seguro Popular contra los padrones de las instituciones de seguridad social y esquemas públicos y sociales de atención médica carece de criterios definidos en un documento normativo para realizarlo y para determinar las acciones en caso de identificar duplicidades.

Al concluir 2017, la población potencial del Seguro Popular se había trazado en 67 millones 545 mil 615 personas sin seguridad social. Esa cifra correspondía a 54.7 por ciento del total de la población nacional, que sumaba 123 millones 518 mil 272 personas.

No obstante, señala la auditoría, en 2017 no contaron con acceso a seguridad social 14 millones 40 mil personas. La CNPSS no dispuso de información ni contó con indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS, relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud durante 2017.