El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) avaló ayer la propuesta de nuevos formatos de declaración patrimonial, fiscal y de intereses –co­nocida como 3de3– formulada por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En su sesión del pleno, los comisionados del organismo manifestaron de forma unánime su apoyo a la iniciativa original enviada por el CPC, que constaba de 555 campos, pero decidieron añadir 300 datos más, con lo que el número total de espacios quedó en 855, los cuales deberán ser respondidos de forma obligatoria por todos los servidores públicos del país.

El Inai indicó que de esos 855 campos de información, 88 son públicos por ley, 525 datos pueden ser susceptibles de darse a conocer si se comprueba que son de interés público y los restantes 242 se consideran confidenciales.

Se determinó que el nombre de los cónyuges y dependientes económicos de los funcionarios sí pueden estar visibles a todo el público, igual que el de sus socios comerciales (considerados como terceros indirectos), para ver si no hay posibilidades de conflicto de intereses. Sin embargo, otros datos personales seguirán estando protegidos y se mantendrán confidenciales.

Decisión del comité coordinador

Por otra parte, se estableció que ya no quedará a arbitrio de los servidores públicos si abren o no al público su 3de3, sino que será el comité coordinador del SNA el que determine si se puede divulgar esta declaración.

La propuesta de formatos avalada por el Inai es acorde con la acción de inconstitucionalidad 70/2016 analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene el propósito de que la evolución patrimonial de un funcionario esté a la vista de todos, así como la de sus socios y familiares, y de esta manera se inhiba la comisión de corrupción.

Durante la discusión del tema en el pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra indicó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay por lo menos 5 millones de servidores públicos en todo el país que deberán llenar estos nuevos formularios, aunque la cifra total podría ser incluso mayor.

En días recientes, miembros del CPC habían detallado en entrevista con La Jornada que los nuevos formatos están compuestos de cinco partes: los datos básicos del empleo, cargo, salario y dependientes económicos del servidor público; las asociaciones tanto públicas como privadas a las cuales pertenece; sus ingresos por otras actividades profesionales; sus activos totales (bienes muebles e inmuebles, fideicomisos, cuentas bancarias, etcétera), y finalmente sus pasivos y deudas.

La decisión final sobre la aceptación de los nuevos formatos está en manos del Comité Coordinador del SNA, y será tomada probablemente en julio.