El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencias trascendentes en materia indígena al resolver acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la primera relacionada con la designación de jueces para atender asuntos de la etnia maya de Yucatán y, la segunda, con el marco normativo de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.

En el caso de Yucatán, por unanimidad los integrantes de la Corte votaron en favor de la declaración de inconstitucional de todo el decreto 534/2017, por el que se modificaron las leyes para la protección de los derechos de la comunidad maya y del Sistema de Justicia Maya del estado de Yucatán, y que cambió las reglas de elección y designación de jueces indígenas a la vez que autorizó la participación de personas que no pertenecen a esa etnia.

Los ministros consideraron fundado el recurso de la CNDH al reconocer que el Congreso de Yucatán no realizó una consulta indígena, y el contenido de la legislación no constituye meras reformas legales de forma, sino que son cambios que inciden en los pueblos y comunidades indígenas, ya que ello impacta en cuanto a las acciones de los intérpretes y sus protocolos de actuación.

En la sesión realizada este jueves, también se declaró la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 2, y los artículos 13 y 23, así como el segundo transitorio de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (AIS) al considerar que se aprobó la legislación sin que se hubiera realizado una consulta indígena y se incumple con lo estipulado en tratados internacionales, entre ellos el Convenio Internacional del Trabajo.

Para no afectar la operatividad de la institución académica y su desarrollo, la SCJN estableció que en razón de los efectos de la sentencia dictada se otorga un año para que el Congreso legisle los cambios que requiera la ley orgánica de la UAIS. El ministro Eduardo Medina Mora señaló que en 2017 esa casa de estudios contaba con 222 profesores, 5 mil 361 alumnos, más de 280 trabajadores y con participaciones federales y estatales por más de 80 millones de pesos. En sus cuatro unidades en el estado se imparten más de 15 licenciaturas, así como cinco maestrías y doctorados, la mayor parte con orientación a las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas.