En puerta, cuarta transformación // Democracia dispendiosa y fallida
rosso modo, y en el mejor de los escenarios, en la elección 2018 cada voto habría costado 319 pesos, siempre y cuando sufragara el total de inscritos en la lista nominal aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, ese sería el panorama ideal, porque si bien la participación ciudadana en las elecciones presidenciales suele ser mayor a las intermedias, en el caso de los comicios de ayer se calcula un abstencionismo de entre 30 y 35 por ciento, de tal suerte que a menor participación efectiva mayor el costo por sufragio.
El padrón electoral reconocido por el INE suma, en números cerrados, 89 millones 840 mil ciudadanos, mientras la lista nominal asciende a 87 millones 840 mil. Esta última es la que incluye a aquellos mexicanos con credencial vigente en mano y con derecho a sufragar.
Si se considera íntegramente el presupuesto público autorizado al aparato (INE, Tribunal Electoral, Fepade y partidos políticos, es decir, alrededor de 28 mil millones de pesos) y con base en la última cifra citada, el costo por voto sería –como se cita al principio– de 319 pesos con una participación ciudadana de 100 por ciento, pero si se consideran los pronósticos de abstención (30-35 por ciento), ese monto podría elevarse a entre 455 y 490 pesos por sufragio emitido, lo que ubica a los comicios mexicanos entre los más onerosos del mundo.
Con 30 por ciento de abstención (aunque, al igual que en comicios previos, la autoridad electoral pronostica una votación copiosa
), se habrían emitido cerca de 61 millones 500 mil votos, y con 35 por ciento de abstención ese monto se reduciría a 57 millones 100 mil. Así, independientemente del costo político (millones de mexicanos habrían perdido la oportunidad de decidir sobre el rumbo del país), el económico se incrementaría aún más.
En números cerrados, en las elecciones presidenciales del año 2000 el abstencionismo fue de 36 por ciento; en las de 2006 de 42 por ciento y en las de 2012 de 34 por ciento. Tales proporciones aumentaron considerablemente el costo por sufragio, independientemente del espantoso resultado para el país por los (oficialmente) ganadores de los respectivos procesos.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, tan sólo las cuatro elecciones del nuevo siglo (2000, 2006, 2012 y 2018) costaron a los mexicanos alrededor de 215 mil millones de pesos (a escala federal; faltan los presupuestos estatales), es decir, los recursos del erario canalizados al aparato electoral (INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y partidos políticos).
Así, la democracia a la mexicana resulta doblemente onerosa: por el elevadísimo cuan creciente costo económico que implica y por la ostentosa falta de resultados de quienes resultaron oficialmente ganadores de los distintos cargos en los citados procesos electorales. En esas dos vertientes, la deuda de la clase política con los mexicanos es ya incalculable.
No hay que olvidar que, tras los cambios a la ley respectiva, en 1997 la promesa oficial fue que se financiaba a los partidos políticos con recursos públicos para que la democracia rinda frutos en el corto plazo
. Obvio es que no fue así. Fue sólo una de miles de promesas incumplidas por la clase política, porque dos décadas después el balance resulta desastroso: partidos que se transformaron en voraces empresas privadas que recibieron cerca de 70 mil millones de pesos en el periodo (para el PRI, PAN y PRD más de la mitad de ellos), sólo para patear a los ciudadanos y a la democracia, a estas alturas ostentosamente fallida y onerosa.
Las rebanadas del pastel
Entonces, si las tendencias se confirman, como lo harán, en breve la circunstancia mexicana se modificará y vendrá la cuarta transformación, para, como dicen los clásicos, bien de la República. ¡Salud!
Twitter: @cafevega
