Las autoridades de Estados Unidos no han sabido resolver los obstáculos que representó la cancelación de la llamada tolerancia cero, por lo que cientos de familias de migrantes siguen sin ser reunificadas, comprobó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Visitadores acudieron a las ciudades de Houston y Brownsville, Texas, donde verificaron varias violaciones a garantías fundamentales de migrantes mexicanos y centroamericanos, incluido el encierro de familias enteras en situación migratoria, adultos deportados e hijos enviados a albergues de aquel país sin que se conozca su ubicación, entre otras.

En el albergue BCFS Baytown, de Brownsville, la CNDH habló con dos de cuatro adolescentes mexicanos recluidos y separados de sus padres. Uno desconoce el paradero de su madre y de su proceso migratorio; el otro sólo sabe que su progenitoria fue deportada y confía en unirse pronto con ella, aunque no sabe cuándo podrá ser.

El organismo nacional observó la incipiente capacidad de las autoridades estadunidenses para cumplir con los pronunciamien-tos judiciales que establecen plazos perentorios para la reunificación de las familias y con ello respetar el interés superior de la niñez.

Comprobó la descoordinación entre los departamentos de Seguridad Interior y de Salud y Servicios Humanos para identificar a integrantes de familias separadas.

Los visitadores conocieron casos de madres –la mayoría centroamericanas– que ya fueron deportadas a su lugar de origen, mientras su hijos menores de edad permanecen en albergues. Además, cuando alguien es detenido, las posibilidades de comunicación con sus familiares son inciertas, pues no hay uniformidad en las reglas, dependen de cada centro de detención o albergue.

La política de tolerancia cero decretada por el gobierno de Donald Trump criminalizaba a todas las personas que ingresaran sin documentos a territorio estadunidese. Esto generó que entre el 5 de mayo y el 9 de junio 2 mil 342 menores fueran separados de sus padres, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional del país vecino. Ello desató un escándalo internacional que llevó a Washington a cancelar el programa el 20 de junio.