A casi tres años de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano, cuatro de 13 ex servidores públicos han obtenido su libertad.

Las pruebas de la Procuraduría General de la República (PGR) no han sido suficiente para que continúen en prisión, por lo que Valentín Cárdenas Lerma, ex director del penal, obtuvo su libertad, mientras Leonor García, ex directora jurídica, salió bajo reservas de ley.

Los otros dos que recuperaron su libertad son los policías federales Amyr Mota Carrillo y Miguel Ángel Flores Mirafuentes, a quienes no se les logró acreditar su participación en la fuga ocurrida el 11 de 2015 por un túnel que comunicaba a la celda con un predio en construcción.

En entrevista radiofónica, Alberto del Río, defensa de Valentín Cárdenas, comentó que fueron notificados de la sentencia de amparo que dictó un tribunal federal hace unos días, en el que se revoca el auto de formal prisión y se ordena su libertad por falta de elementos.

“Para nosotros la sentencia de amparo es clara, no hay datos suficientes para estimar que las omisiones que la PGR atribuyó a Valentín hayan sido favorecedoras de la sustracción del reo.

En la red de mandos del sistema penitenciario federal se cruzaban funciones y atribuciones que competen a un largo listado de funcionarios y entidades; nuestro ejercicio jurídico en la defensa, y a tres años de distancia, se ha centrado en proveer elementos para establecer que por lo menos a Valentín Cárdenas no le es atribuible desde perspectiva alguna el eje de imputaciones con que la fiscalía le ha indiciado, enfatizó.

Agregó que aunque el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se puede decretar bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias a fin de que el inculpado no evada la acción de la justicia.

Para la PGR los servidores públicos que se encontraban en el penal de máxima seguridad habrían favorecido la evasión de El Chapo por no actuar de inmediato, algunos de ellos custodiando a Guzmán Loera, otros monitoreándolo y los demás por ser los funcionarios de alto nivel, como Celina Oseguera Parra, que en ese momento era la coordinadora general de los Centros Federales de Readaptación Social, y que permanece bajo proceso.

A los funcionarios de alto nivel se les señaló por el delito de evasión de presos, mientras a los policías federales por no activar el código rojo al momento de la fuga.

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Leonor García por no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata.