Managua

Al menos cinco muertos dejó ayer la incursión de policías antimotines y paramilitares en el suroeste de Nicaragua, al continuar la violencia que ha provocado más 230 muertos en casi tres meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega, quien descartó adelantar elecciones para resolver la crisis.

Hombres de civil, con capuchas negras y fuertemente armados, recorrían ayer las calles de Jinotepe y Diriamba, en el departamento de Carazo, mientras palas mecánicas desmontaban barricadas levantadas por manifestantes, según videos de pobladores difundidos en redes sociales.

Nos reportan tres muertos, dos en Diriamba y uno en Jinotepe, aseguró a la agencia de noticias Afp Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Mientras la policía indicó que dos efectivos fallecieron a manos de terroristas con armas de fuego.

La situación es tensa al continuar los enfrentamientos a tiros entre fuerzas del gobierno y manifestantes. Hay varios heridos y una veintena de detenidos, de acuerdo con reportes de los grupos locales humanitarios.

Una decena de personas se resguarda en la basílica de San Sebastián, en Diriamba, asediada por hombres armados, según testigos y miembros de la Iglesia católica.

El Cenidh en Carazo y la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) aseguraron que paramilitares y antimotines también tomaron los hospitales de Diriamba, a 45 kilómetros de Managua, y de Jinotepe, a 40.

Medios oficialistas celebraron que las vías de esa zona están despejadas y circularán más de 350 furgones de carga centroamericanos que estaban varados desde hacía más de un mes en el bloqueo de la carretera en Jinotepe.

Hay un ataque desmedido de las fuerzas del gobierno que está acarreando derramamiento de sangre, más muerte y luto en nuestro país. La represión de fuerzas combinadas es desproporcionada, declaró el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, quien no descartó que haya más muertos.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, quien está en Managua, aseguró que el Estado está incumpliendo su deber de desmantelar las turbas y que grupos armados progubernamentales apoyados por la policía siguen llegando a las ciudades.

En Matagalpa, en la zona norte de Nicaragua, al menos una persona murió el sábado en otra acción violenta en medio de las protestas, según la ANPDH.

Ortega, quien reapareció el sábado en un multitudinario acto de seguidores, tras más de un mes de no comparecer en público, insistió en que los manifestantes son asesinos y delincuentes que tienen al país sumido en un caos.

Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de Seguridad Social, pero ante la represión se ampliaron las manifestaciones para exigir la salida de Ortega, a quien acusan, junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de instaurar una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.

Obispos de la Iglesia católica pidieron a los pobladores de Jinotepe y Diriamba proteger sus vidas y al gobierno detener la represión.

Estamos viviendo una situación muy difícil y dolorosa. Le pido al presidente, a doña Rosario, que por favor paren esto para no llevar más tristeza a los nicaragüenses, declaró el cardenal Leopoldo Brenes.

En un acto ante miles de seguidores en Managua, Ortega, ex guerrillero de 72 años y quien gobierna desde 2007 en un tercer periodo consecutivo, descartó el sábado adelantar las elecciones como propuso la Iglesia ante la exigencia de sus opositores.

Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas, aseguró el mandatario.

La Iglesia media entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (grupos de la sociedad civil), y propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019, pero el diálogo se estancó porque Ortega no respondía a esa demanda.

Seguimos apostando por la negociación, agregó Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

Para aumentar la presión contra Ortega, la opositora Alianza Cívica llamó a una marcha el próximo jueves y a un paro nacional el 13 de julio, el segundo convocado durante la crisis contra el gobierno.