na peculiar batalla se libró ayer en el poder judicial brasile- ño en torno al encarcelamiento del ex presidente Luiz Inázio Lula da Silva, quien es además el candidato con las mayores intenciones de voto para la elección de octubre próximo.
Durante la mañana de ayer, el juez de turno Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, ordenó su liberación inmediata por considerar que su estadía en prisión es violatoria de sus derechos mientras la Corte de Apelaciones no ratifique la sentencia que le fue impuesta –12 años de cárcel– por supuestos delitos de corrupción, además de que quebranta su derecho político a participar en los comicios inminentes en calidad de candidato presidencial. En consecuencia, Favreto ordenó liberarlo a la Policía Federal en Curitiba, en cuya sede el mandatario permanece bajo arresto desde abril pasado.
Antes de que el fallo fuera cumplido, uno de los jueces que condenaron a Lula, João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato, giró desde su retiro vacacional una orden contraria a la excarcelación. El magistrado de la Cuarta Región contrarreplicó con una determinación que exigía la detención de Neto y daba a la autoridad policial una hora de plazo para poner en libertad al ex mandatario. Al final de cuentas, el presidente del tribunal regional, Thompson Flores, determinó que el veterano político debe seguir en prisión.
Dada la debilidad o inexistencia de pruebas, las imputaciones contra el antiguo dirigente sindical que emprendió desde la Presidencia una vasta transformación social y económica de Brasil entre 2003 y 2010 han sido vistas como la venganza de la oligarquía tradicional del país en contra del obrero que lo dirigió de manera progresista, y su encarcelamiento es considerado una medida del actual régimen para evitar que Lula da Silva pueda llegar por tercera ocasión a la jefatura del Estado. En suma, el ex presidente reúne las condiciones de un preso político.
Más allá de esa circunstancia, la confrontación judicial que se desarrolló ayer alrededor del prisionero de la comisaría de Curitiba es una expresión inequívoca del desgaste del aparato judicial brasileño a raíz de su utilización con propósitos facciosos y en el contexto de la descomposición institucional generalizada que se observa en el régimen de Michel Temer, quien llegó al cargo tras una suerte de golpe de Estado legislativo en contra de la presidenta Dilma Rousseff, depuesta a su vez con acusaciones tan dudosas y endebles como las que enfrenta el propio Lula, su mentor y compañero de partido.
Es preocupante que la vida institucional de la principal potencia de América Latina haya llegado a tal desarticulación y a una distorsión tan grave de los principios democráticos que la voluntad popular ha sido remplazada por un entarimado de complicidades y grupos de interés corruptos, enquistados en las diversas ramas del poder –el Congreso y la judicatura, por ejemplo– y carentes de visión de Estado y de país.
Cabe hacer votos, finalmente, porque esa lamentable regresión puede ser reparada y el gigante sudamericano vuelva a tener autoridades legítimas, democráticas y libres de vínculos delictivos.
