no de los cambios más trascendentales en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país podría ocurrir antes de que se instale el nuevo gobierno en diciembre. Se ha iniciado la transición entre la administraciones de Enrique Peña Nieto y la que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Se trata de un proceso dentro del cual uno de los temas centrales será la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el año del arranque de la nueva administración. No me voy a referir por ahora (más que colateralmente) al tema de las cantidades, a los pesos y centavos, sino más bien a la estructura del gasto gubernamental en estas áreas, cuya modificación acarrearía beneficios inmediatos al desarrollo científico y tecnológico de México.
Una de las características del Gasto del Gobierno Federal en Ciencia y Tecnología (GGFCyT) es la fragmentación, la cual durante décadas ha alimentado dudas bien fundadas sobre si los recursos fiscales que deberían destinarse a la investigación científica, tecnológica o a la innovación, se emplean realmente en estas actividades o no. Esta dispersión ocurre por la distribución arbitraria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los recursos para la ciencia entre diversas secretarías de Estado y otras entidades, dentro de las cuales se pierde claridad sobre el destino preciso de los mismos. Por otro lado, los ajustes que llegan a hacer los diputados a la propuesta de Hacienda son menores, y cuando ocurren, se manejan con la misma discrecionalidad en beneficio de los grupos dominantes en San Lázaro... La ciencia se ha convertido así en la caja chica
de políticos y funcionarios.
Examinemos, por ejemplo, la estructura del GGFCyT en 2018, año en que se aprobaron 91 mil 952.5 millones de pesos para el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), los cuales se distribuyeron así: Secretaría de Educación Pública (SEP) (34.4 por ciento del total); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (33.8 por ciento); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) (9.7) y Secretaría de Energía (7.6). El 14.5 por ciento restante –que no es poca cosa, pues equivale a poco más de 13 mil millones de pesos– se dispersa entre las secretarías de Salud, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina, Turismo, Cultura, la Procuraduría General de la República, los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las previsiones salariales y económicas.
Salvo el Conacyt, en el que es más fácil indagar el destino de los recursos que se orientan a la investigación o a tareas íntimamente ligadas a ella (como la formación de recursos humanos), en otras dependencias el destino del presupuesto no es tan claro. Incluso en dependencias como la SEP o la Sagarpa, en las que parte del dinero se asigna a instituciones que sí realizan investigación, como universidades y algunos centros científicos, hay direcciones generales que reciben cuantiosos recursos etiquetados a la ciencia, y a muchos nos gustaría saber qué proyectos de investigación realizan o apoyan y cuáles son sus resultados.
Uno de los efectos más graves de la discrecionalidad con la que se asignan los recursos entre dependencias, es que se impide que los esfuerzos científicos respondan a una línea política identificable para alcanzar los objetivos nacionales con el concurso de la ciencia, dando lugar a múltiples políticas desarticuladas que se dirigen quién sabe a dónde. Por ejemplo, en el sexenio que está por concluir el peso de Conacyt en la estructura del gasto se redujo drásticamente, pues fue objeto de los mayores recortes en el sector; al menos desde 2010 concentraba más de 40 por ciento del GGFCyT y en 2018 cayó a 33.8 por ciento, quedando por primera vez por debajo de una secretaría de Estado, la SEP, que cuenta además con mayor peso político.
Así, resulta indispensable una reingeniería del gasto para garantizar, por un lado, que los recursos fiscales se orienten efectivamente a la investigación científica, tecnológica y la innovación y, por otra parte, que se fortalezca al Conacyt (como ofreció AMLO en su campaña) como órgano rector de la política de ciencia y tecnología. Para ello es necesario el trabajo coordinado entre las personalidades ya nombradas por el candidato ganador para la Secretaría de Hacienda y el Conacyt en el proceso de transición. Un modelo que se puede explorar es la concentración total o parcial de los recursos del Presupuesto de Egresos para 2019 en el consejo para su distribución al resto de las dependencias, de acuerdo con una política bien articulada con los objetivos nacionales.
Es importante notar que lo anterior se puede lograr durante la transición entre los dos gobiernos, no costaría un solo peso y sus beneficios para la ciencia y el país serían enormes.
