La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que no puede suspender la creación de la comisión de la verdad para la investigación el caso Iguala, fallo ordenado por un tribunal colegiado.

El ministro presidente del máximo tribunal del país, Luis María Aguilar Morales, se pronunció luego de que recibió recursos de queja de la Procuraduría General de la República (PGR).

Por medio de cuatro acuerdos, Aguilar Morales enfatizó que la SCJN carece de competencia para conocer de las quejas y dio un plazo de tres días para que la PGR y la Presidencia de la República manifiesten ante el tercer tribunal unitario del décimo noveno circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, órgano competente para este asunto, si considera que existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al respectivo fallo protector.

Lo anterior, indicó, con el fin de que el tribunal unitario cuente con elementos para ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo; una vez abierto éste, dicho tribunal deberá hacer del conocimiento de la Suprema Corte para que valore la posibilidad de solicitar su atracción.

La procuraduría se declaró con imposibilidad real, jurídica y material para cumplir la sentencia, en la cual se ordena crear la comisión de investigación para la verdad y la justicia; sin embargo, con la determinación de la SCJN, será el tercer tribunal unitario el que analice y en su caso solicite la atracción de la Corte.

El 21 de junio los procuradores y fiscales de todo el país, por conducto de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se pronunciaron en contra de la resolución del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, también con sede en Tamaulipas, e incluso indicaron que no tenía esas facultades.

Dicho tribunal pidió la creación de la comisión luego de indicar que la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Explicó que la comisión estará integrada por los familiares de los normalistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público federal.

Además, señaló que los familiares tendrán oportunidad de decir qué líneas de investigación se deben seguir e incluso menciona que de ser necesario podrán ingresar a zona militar si consideran que se aporta información para la pesquisa.

Agregaron los magistrados que por regla general habrá de prescindirse de los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, a menos de que los representantes de las víctimas y la CNDH consideren pertinente su intervención.