Madrid

Dolores Delgado, ministra de Justicia de España, anunció ayer una reforma a la Ley de la Memoria Histórica para que el Estado asuma las tareas de búsqueda y exhumación de cientos de miles de personas ejecutadas durante la Guerra Civil y en los 40 años de dictadura de Francisco Franco, cuyos restos se presume están en fosas comunes.

También se pretende ilegalizar a organizaciones que hagan apología del régimen represor, como la Fundación Francisco Franco, que cada año recibe generosas ayudas públicas.

La Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1976) son heridas aún sin cerrar en la sociedad española. Sobre todo por los miles de descendientes de fusilados y desaparecidos, la mayoría del bando republicano, que se encuentran enterrados en fosas comunes. En los años de la guerra y en los primeros de la dictadura se intensificaron las ejecuciones masivas.

Entre esas miles de personas se encuentra el poeta Federico García Lorca. Fue enterrado, según la mayoría de sus biografías y estudios históricos, en el barranco de Visnar, en las inmediaciones de Granada, donde se calcula que hay restos de unas 3 mil 500 personas en fosas comunes.

El nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez, que asumió el poder hace mes y medio, pretende cambiar las cosas en relación con las víctimas del franquismo. La única ley que existe para ayudar en sus labores de búsqueda y resarcimiento es la de memoria histórica, que aprobó el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que permitió otorgar subvenciones públicas a las asociaciones que se dedicaban a las exhumaciones. Sin embargo, durante los seis años en los que gobernó el derechista Partido Popular se dejaron de otorgar recursos, por lo que siguieron con sus labores pero gracias al trabajo del voluntariado y al apoyo esporádico que recibían de organizaciones internacionales.

Con la reforma de la ley que ahora pretende sacar adelante el nuevo gobierno socialista habrá importantes cambios. Entre ellos, que el Estado asumirá las labores de búsqueda y exhumación, para lo cual creará una dirección en la que contratará a forenses y antropólogos para estas labores.

Además, se anularán las sentencias de los tribunales franquistas, para limpiar la memoria de las víctimas. También pretenden realizar el primer censo oficial de las víctimas de la dictadura que yacen en fosas comunes e ilegalizar a las asociaciones que hagan apología de ese régimen criminal.