Seis meses después de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desapariciones, esta normativa no ha sido aplicada de manera adecuada, a tal grado que durante este semestre autoridades federales o estatales no han realizado la búsqueda de una sola persona ausente.

El Consejo Nacional Ciudadano (CNC), perteneciente al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), concluyó lo anterior al presentar su primera recomendación, en la que hace un llamado urgente a asignar los recursos correspondientes para la investigación y búsqueda de personas, la cual debe tener mayor colaboración entre las autoridades y adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación de familiares de las víctimas en dichas políticas.

En conferencia de prensa, integrantes de esa instancia señalaron que en estos seis meses no se han concretado cinco acciones para la aplicación de la ley, entre ellas que hay insuficiencia de recursos para la búsqueda de desaparecidos y para la operación de las instancias de investigación, desconocimiento de la normativa por parte de las autoridades a las que corresponde atender los casos, en particular en el ámbito de responsabilidad.

También identificaron la falta de coordinación entre instituciones que deben resolver la problemática, deficiencias en el protocolo de investigación elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) y que debe seguirse por las autoridades de todos los niveles de gobierno, así como procesos de planeación y operación que no garantiza la participación de las familias de las víctimas.

La ley en la materia prevé la creación del consejo, que se instaló el pasado 16 de mayo, como una instancia de contrapeso dentro del SNB que depende de la Secretaría de Gobernación. El organismo ciudadano está conformado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en la materia y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Entre los promoventes están Denise González Núñez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas; Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia, entre otros.

Los integrantes del CNC informaron que ya han tenido acercamientos con el equipo de transición del próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacer de su conocimiento la necesidad de que la ley se aplique de manera adecuada.

Asimismo, exigieron que en los meses que le quedan a Enrique Peña su gobierno debe hacer todo lo posible por operar la norma y trabajar por la verdad, la justicia y la búsqueda de los desaparecidos.

En la recomendación, el CNC identificó que en sólo nueve entidades del país cuentan con comisiones locales de búsqueda, además que únicamente en 13 estados se han creado fiscalías especializadas.

El documento fue dirigido a Gobernación, a la PGR y a la Comisión Nacional de Búsqueda. En éste se hace énfasis en la importancia de que las familias de los desaparecidos colaboren en la aplicación de la ley.