a espectacular caída de una pretenciosa construcción arquitectónica en el sur de Ciudad de México, a cargo del despacho Sordo Madaleno, ha (re)puesto sobre la mesa de la discusión pública el tema de la corrupción de autoridades, gobiernos y empresarios en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

No es un tema menor ni aislado: es un problema nacional (desde el más modesto de los gobiernos municipales hasta la cúspide del gobierno federal) y forma parte del método de deformación criminal de las relaciones entre los ciudadanos y los políticos, y de acumulación de recursos para bienestar de estos y sus grupos y para el financiamiento de campañas y candidaturas electorales que, de llegar al poder, reproducen los esquemas pactados de corrupción, en un círculo contrario a lo virtuoso.

En el caso de Artz Pedregal está presente además un rasgo distintivo de la perniciosa política de represión y difamación que han establecido muchos gobernantes en contra de los movimientos ciudadanos que denuncian los arreglos corruptos y se oponen a edificaciones evidentemente lesivas. A pesar de que ya se habían advertido los riesgos de esa construcción ahora caída, y que grupos de vecinos habían protestado por las diversas irregularidades, la respuesta del gobierno de Miguel Ángel Mancera fue el envío de fuerza pública de disuasión.

También es importante advertir en este episodio capitalino la presencia de un grupo, el Riobóo, encargado de los cálculos de ingeniería estructural de la plaza que parcialmente se desplomó ayer. Dicho grupo fue mencionado por el entonces candidato presidencial, Ricardo Anaya, como privilegiado en la asignación directa de contratos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del Distrito Federal, lapso durante el cual participó en la construcción del segundo piso vial.

Es de esperarse que en las nuevas circunstancias políticas del país, derivadas del aplastante triunfo de López Obrador y de una gran cantidad de candidatos de Morena a cargos de elección popular, el reclamo general contra la corrupción sea adecuadamente correspondido con la inhibición de prácticas de favoritismo hacia determinadas firmas empresariales. En particular, la nación vive una crisis inmobiliaria, producto de la alta corrupción institucionalizada. Los constructores y los políticos realizan entendimientos oscuros, de mutua culpabilidad, que permiten la realización de proyectos de mala calidad y violatorios de leyes y disposiciones reglamentarias, con el comprador o el usuario como víctima predeterminada. Todo ello debe ser frenado.

El grupo de Elba Esther Gordillo reanuda su ofensiva contra Juan Díaz de la Torre, el tambaleante directivo oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En un par de videos que ese grupo ha hecho circular, se menciona el contexto político adverso para el citado Díaz de la Torre: perdió el PRI, al que estaba asociado; perdió su registro el Partido Nueva Alianza, y perdió el dirigente su propia candidatura a legislador federal.

En cambio, la corriente gordillista se siente fortalecida por el hecho de que su jefa despacha ya en casa, así sea en reclusión domiciliaria, y que las Redes Sociales Progresistas (dirigidas por Fernando Sánchez, Juan Iván Peña y Rafael Ochoa Guzmán) colaboraron, sobre todo en el terreno de la representación en casillas, en el proyecto amplio de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el gordillismo busca la reivindicación pública de la profesora chiapaneca, la destitución de Díaz de la Torre y la convocatoria a elecciones en las que participaría dicha corriente.

A destiempo, hundido en su mayor crisis, deseoso de cambiar hasta de nombre, el Partido Revolucionario Institucional (lo que queda de él) ha hecho saber, por voz de René Juárez, que preguntará a sus militantes qué se debe corregir y que elegirá democráticamente a sus dirigentes. ¡Lástima, Margarito!

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