a transformación empezará por el establecimiento de un estricto código de probidad y austeridad republicanas para el funcionamiento del gobierno federal y por la adopción de formas de democracia participativa capaces redistribuir la toma de decisiones; pasará por el giro a una política económica y social que atenúe en lo inmediato lo más crudo de la desigualdad, la miseria y el desempleo, que reactive el mercado interno y la economía en general, que eche a andar el círculo virtuoso crecimiento-bienestar; transitará por la recuperación de la soberanía alimentaria y energética a fin de sustentar la soberanía a secas, reivindicada desde el primer momento en una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos; se expresará en un programa de pacificación que será construido de manera conjunta por las autoridades y los sectores sociales más afectados por la espiral de violencia, con la ayuda de instancias humanitarias internacionales.
Estos serán los principales detonadores del cambio y la reorientación del país por un camino distinto del que ha sido conducido por cinco o seis gobiernos neoliberales sucesivos. Habrá otros, como la adopción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la verdadera reforma educativa que habrá de pactarse entre gobierno, magisterio y padres de familia, la descentralización efectiva del Ejecutivo, la sustitución de las actuales delegaciones federales por coordinaciones regionales unificadas o el inicio de la transición energética a fuentes limpias de nueva generación. Es un programa sumamente ambicioso y hasta irrealizable, alertan algunos, o insuficiente y demasiado acotado, reclaman otros, pero por ahora casi nadie cuestiona que sea necesario. Un sinnúmero de movimientos y de organizaciones sociales, gremiales, sindicales y agrarias lo ven como la ventana de oportunidad que no han tenido nunca para pelear sus propias causas, que no necesariamente están enunciadas en los lineamientos del próximo gobierno lopezobradorista, en un entorno propicio o, cuando menos, neutral.
Romper las reglas del juego de manera sistemática en favor de los intereses corporativos y en contra de la sociedad ha sido una práctica principal para propiciar la concentración de la riqueza, privatizar todo lo imaginable, eludir el cumplimiento de los derechos humanos, laborales y sociales, imponer el despojo y la devastación en grandes zonas del territorio nacional, perpetuar al grupo en el poder mediante fraudes electorales, denegar y obstaculizar la justicia. Eso explica la sobreviviencia de los cacicazgos sindicales y agrarios, el encubrimiento de los escándalos de corrupción, la exasperante falta de voluntad oficial para esclarecer crímenes como el que se perpetró en Iguala en septiembre de 2014 o la indefensión de comunidades y barrios ante la imposición de megaproyectos que destruyen su entorno, su tejido social y su economía.
Después de tres décadas en las que el régimen oligárquico torció la letra y el espíritu de las leyes para su beneficio y el de sus socios y en perjuicio de las causas sociales, la mera promesa de que las autoridades se conducirán con respeto al marco legal establecido es una garantía de triunfo para reivindicaciones que se han conducido en forma pacífica y que han recibido por respuesta la cooptación, la infiltración y la represión. Quienes se quejan por lo que interpretan como ausencia de contrapesos en la conformación del futuro mapa institucional podrían asomarse a esta lógica y a la instauración de una democracia participativa –como la consulta popular, el referéndum de revocación de mandato– para empezar a comprender la magnitud de la redistribución del poder que tendrá lugar a partir de diciembre. Si quienes se sienten depositarios de la patente de la sociedad civil y de lo ciudadano
discurrieran con honestidad intelectual verían que no ha habido un proyecto más amplio de socialización de las decisiones en la historia del país.
Por el contrario, muchos activismos se aprestan a utilizar en su favor esta ventana de oportunidad, que por diversas circunstancias resulta incluso más amplia que la propuesta por el proyecto lopezobradorista y asume que hay condiciones inmejorables para impulsar causas como la justicia, la transparencia, la consecución de los derechos de género, la concreción de los derechos de los pueblos indígenas, las luchas ambientales o la observancia de los derechos de las personas con discapacidad. En otros términos, la transformación nacional irá tan lejos como la sociedad organizada quiera.
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