Frente al intento de militarizar el país por parte del gobierno saliente, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) demandó a quienes conformarán el próximo Congreso echar abajo la Ley de Seguridad Interior.

Ayer, al celebrar el Día del Abogado, miembros de esta agrupación señalaron que esa normativa está al servicio de la violencia, de la muerte y de las violaciones a derechos humanos, pues se trata de una cadena de cambios jurídicos tendiente a la militarización.

Raúl Jiménez Vázquez, integrante de la ANAD, señaló que esta ley pretende cuatro cosas: asegurar de manera indefinida la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, perpetuar el estado de excepción que vivimos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, convertir al Ejército y la Marina en un cuerpo de ocupación al servicio de corporativos internacionales, y justificar la represión y facilitar el despojo de tierras de diferentes comunidades.

El litigante aseveró que la Ley de Seguridad Interior es anticonstitucional y viola acuerdos internacionales ratificados por México, por lo que exhortó a la siguiente legislatura federal a abrogarla. En ese contexto, la ANAD celebró la inminente llegada a la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador.

Presente en el acto, el futuro senador por la coalición Juntos Haremos Historia Martí Batres exhortó a la ANAD a proponer todo lo que hemos soñado, pues la nueva correlación de fuerzas permitirá incorporar temáticas progresistas en la agenda legislativa. Se comprometió a hacer suyas las iniciativas divulgadas por los abogados de esta agrupación para presentarlas en el Congreso. Destacó que antes del reciente proceso electoral era muy difícil revertir las reformas estructurales que dañan al país. Sin embargo, dijo, en la pasada elección el pueblo de México no sólo decidió cambiar el gobierno, sino el Congreso federal y 17 estatales.

Con ello, dijo, dio a la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador la mitad más uno de los legislativos locales y casi las dos terceras partes del Congreso.