El plan de austeridad de 50 puntos dado a conocer por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está compuesto por una serie de acciones que van por el buen camino para reducir el gasto gubernamental en burocracia y evitar actos de corrupción, pero debe acompañarse de un plan de difusión sobre sus objetivos y de una mística especial de trabajo para que los funcionarios no lo perciban como castigo.

Así lo comentó Issa Luna Plá, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dijo que el nuevo gobierno requiere fomentar una vocación de lealtad entre los servidores públicos y motivarlos a cumplir este esquema por convicción propia.

Experta en temas de transparencia y rendición de cuentas, Luna Plá destacó que las medidas estén encaminadas a hacer más austero el gasto en la burocracia.

Otro aspecto interesante de la iniciativa es el vinculado a evitar relaciones entre funcionarios y empresarios o proveedores de ­servicios.

Mientras, la próxima titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Sandoval, comentó: Ha estudiado a la perfección cómo se construye una cultura de legalidad o ilegalidad, y sabe que un esquema de reciprocidades genera corrupción. Esto debe reflejarse a todos los niveles, no sólo en los altos mandos que van a jugar golf y a comer con empresarios.

Para que este plan de austeridad funcione, apuntó Luna, es fundamental que la nueva administración sepa comunicar a la ciudadanía y a los propios servidores públicos que los funcionarios no son personas que se vuelven millonarias trabajando para el gobierno, sino que lo hacen por vocación de servicio.

El plan debe ir acompañado de acciones que fomenten la lealtad y honorabilidad. Si no hay incentivos emocionales, la estrategia podría no tener éxito o generaría muchas reticencias. Debe haber un buen análisis de las causas de la corrupción, para impactar no sólo con acciones focalizadas, sino con toda una política nacional que le dé profundidad y razón de ser a todo esto, advirtió.

En tanto, el líder del PAN, Damián Zepeda, consideró que atenta contra el federalismo la intención del candidato presidencial electo, de nombrar coordinadores estatales de programas de desarrollo.

De acuerdo con la Constitución, entre el gobierno federal y los estados no pueden existir intermediarios, pero en los hechos así sería a través de estos coordinadores, que al tener el control sobre recursos económicos, sumado a su perfil de operadores políticos, buscarían re­legar al gobernador electo democráticamente en cada entidad, aseguró.

La mayoría obtenida por López Obrador no justifica la violación de ninguno de los poderes de la Federación, advirtió.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que el programa de coordinadores que propuso López Obrador es una falta de respeto hacia las entidades. Imagínate que yo ponga un representante del gobernador en cada municipio. Es una idiotez, expresó.