El gobierno federal interpondrá nuevos recursos ante el máximo tribunal del país para que se analice –por medio de un incumplimiento de sentencia– que no existen condiciones materiales ni posibilidades para crear la Comisión de la Verdad para el caso Iguala, señalaron mandos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los servidores públicos fueron consultados luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante cuatro acuerdos respondiera a las peticiones realizadas por diversas instituciones del Poder Ejecutivo Federal –entre ellas la PGR– que el máximo tribunal del país carece de competencia para pronunciarse acerca de si existen o no imposibilidades jurídicas o materiales para dar cumplimiento a la creación de la Comisión de la Verdad en el caso Iguala, y en los que ordenó que se promuevan los alegatos correspondientes ante los tribunales con residencia en Tamaulipas, ya que fueron ellos los que dictaron las sentencias de amparo relacionadas con este asunto.

Los funcionarios de la PGR señalaron que ya fue presentado ante los tribunales del décimo noveno circuito, y si bien corresponderá a ellos que se ordene la apertura de un incidente de inejecución de sentencia, se buscará que la Corte atraiga el caso para su análisis por la trascendencia que tiene, ya que se trata de una figura novedosa para la justicia mexicana, y se considere que los magistrados se excedieron en sus atribuciones.

De acuerdo con la información obtenida, el Ministerio Público Federal mantendrá su argumento de que, entre otras cosas, las sentencias emitidas violan la Constitución al quitar la conducción de las investigaciones al Ministerio Público, y también afectarían el ámbito de competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En este caso, a decir de los funcionarios consultados, lo que se pretende no es que se modifique la sentencia, ya que es inapelable, la posibilidad es que la Corte analice y declare que es imposible crear tal comisión y decrete una salida alterna que garantice el cumplimiento de las normas nacionales en conjunción con los acuerdos internacionales signados por México, sin que se desechen de plano las pruebas ofrecidas y que demuestran la responsabilidad de los imputados, en todo caso se cancelen aquellas diligencias o pruebas que se demuestre fueron sido obtenidas de manera ilegal.