La Comisión Nacional Forestal (Conafor) regatea a las comunidades forestales la titularidad sobre los derechos de pagos por la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) de bosques y selvas, una de las estrategias internacionales para atacar el cambio climático.

El comité técnico de Cambio Climático y Bosques del Consejo Nacional Forestal (Conaf) emitió su opinión en el sentido de que esos derechos corresponden a los dueños y poseedores de las tierras forestales, con el único voto en contra de la Conafor, el cual ni contó porque no acudió el representante oficial a la sesión.

El Borrador Avanzado del Plan de Distribución de Beneficios (PDB) de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) considera que esos derechos pertenecen al gobierno federal. De acuerdo con la minuta de la reunión del comité mencionado, firmada el 3 de julio, el director de normatividad de la coordinación general jurídica de Conafor, Francisco Núñez, señaló que no hay marco legal en el país para que se reconozca la propiedad de las emisiones evitadas en favor de los propietarios y poseedores de terrenos forestales, ya que no se les reconoce derecho alguno para generar emisiones de carbono por deforestación y degradación, y señaló que incluso hay prohibición legal para deforestar.

Agregó que incluso el marco legal establece que cualquier aprovechamiento forestal está sujeto a autorización por parte del Estado, por lo tanto los dueños y poseedores de terrenos forestales no son los propietarios de las emisiones evitadas y jurídicamente no es viable la propuesta.

Las emisiones por deforestación y degradación ascienden a alrededor de 18 por ciento, y una vez que ya fue aprobada la citada minuta se enviará al Banco Mundial para que lo registré como seguimiento a los compromisos de la conferencia de las partes de cambio climático de diciembre 2016. Con esto se sienta un precedente de quiénes son los dueños de las emisiones para un futuro mercado de emisiones de carbono, tanto de recursos nacionales como internacionales, explicó Gustavo Sánchez, director de la Red Mocaf.

Detalló que a las comunidades forestales podrían llegar entre 40 y 60 millones de dólares con el establecimiento del mercado de bonos de carbono. Los dueños y poseedores de los bosques son pueblos indígenas, campesinos, que no han sido consultados, como establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Esto implica una violación de sus derechos humanos, ya que se les despoja de la titularidad de la reducción de emisiones por deforestación y degradación, por lo que este documento y la IRE deben someterse a un proceso de consulta que hasta el momento la Conafor ha omitido, agregó Sánchez.

La Iniciativa de Reducción de Emisiones fue presentada ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los bosques para ensayar un modelo de pago por resultados de REDD+ y un mecanismo de distribución de beneficios. Señala que es voluntaria y podrán participar quienes estén interesados.