Senadores y diputados de PRI, PAN y PRD se manifestaron en favor de instaurar la austeridad en los tres poderes de la Unión, sin que esto signifique debilitar a las instituciones ni al Congreso.

Además, consideraron que deben concretarse las propuestas del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acerca de la descentralización de la administración pública federal, dadas las implicaciones que tendrá para todos los servidores públicos.

En tanto, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los trabajadores aseguran que les preocupa que la descentralización se pueda convertir en un proceso de despido de personal, así como por las implicaciones que traerá el cambio de sede.

En el Senado, el legislador panista Ernesto Ruffo y el diputado perredista Agustín Basave coincidieron en que debe acabarse con los dispendios en la administración pública y que ambas cámaras del Congreso pueden funcionar con menor presupuesto.

Basave destacó que, en lo general, le parece positiva la propuesta de López Obrador de eliminar los excesos en las remuneraciones de los altos funcionarios, pero se requiere un análisis de costo-beneficio, punto por punto.

Bajar 60 por ciento el salario del Presidente de la República, como plantea el tabasqueño, puede modificar el escalafón y perjudicar a los trabajadores de base.

A su vez, el senador José María Tapia, del PRI, dijo que en cuanto a la descentralización, requieren conocer el planteamiento concreto para tener una postura seria, crítica y con ánimos constructivos.

Sin embargo, agregó, se requiere saber qué va a pasar con los burócratas que tendrían que cambiar su domicilio por cuestiones laborales. ¿Dónde van a vivir, tendrán guarderías para sus hijos, y que pasará si uno de los cónyuges trabaja en Salud y otro en la Educación Pública?, tendrán que separarse las familias o quedar alguno sin empleo?

En la Semarnat están adscritos 12 mil 202 trabajadores sindicalizados, la mayoría pertenecen a la Comisión Nacional del Agua y consideran difícil el proceso de descentralización. A varios les preocupa que tienen créditos de vivienda.

En la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) los empleados ya vivieron el proceso de restructuración que se dio en los primeros años del actual sexenio, el cual derivó en despidos de personal.

Al principio del gobierno, el INECC tenía una planta laboral de unas 350 personas, ahora hay 60, de acuerdo con datos del sindicato. Por su lado, la comisión de áreas protegidas, con la llegada de Alejandro del Mazo, vivió un proceso de depuración de personal especializado en las direcciones generales y coordinaciones.

En septiembre de 2015 había una planta laboral de mil 800 personas, la mitad eventuales. Ahora, de acuerdo con datos del sindicato, quedan 154, más los de confianza.