Organizaciones de derechos humanos lamentaron el fallo de un tribunal unitario que da la razón a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la supuesta imposibilidad jurídica de crear una comisión de la verdad en el caso Ayotzinapa, como había ordenado antes un tribunal colegiado.

En un pronunciamiento conjunto –firmado por los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Tlachinollan, además de Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar– los colectivos resaltaron que esta resolución es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos en contra de la comisión de la verdad.

Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático. Lamentablemente, el tercer tribunal unitario del decimonoveno circuito sucumbió a esta inusitada presión del gobierno y estimó que el cumplimiento de la sentencia del primer tribunal colegiado del mismo circuito judicial es imposible, alertaron las organizaciones.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, destacó que la sentencia en la cual se ordenaba crear la citada comisión de la verdad en principio era inatacable y no tendría que haber sido revisada, pero debido a la presión de diversos organismos gubernamentales, el mencionado tribunal unitario declara la supuesta imposibilidad jurídica. Nos preocupa mucho esta resolución, porque está en juego el mecanismo extraordinario de investigación del caso Ayotzinapa que condensa los vicios del sistema de procuración de justicia, pero también porque está en juego el principio de cosa juzgada y el respeto a la autonomía de los tribunales colegiados de circuito, consideró el litigante.

Por su parte, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, deploró que el gobierno federal haya hecho todo lo posible por obstaculizar la creación de una comisión especial para investigar el caso Ayotzinapa, ordenada por un tribunal federal que consideró que esa era la única forma de salvar una averiguación plagada de irregularidades y evidencia fabricada.

Lo anterior, dijo, muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes. El gobierno debe dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida.