Jueves 19 de julio de 2018, p. 34
Editorial
En la transición sexenal, las reformas estructurales deben correlacionarse con las leyes secundarias. Durante los últimos sexenios se concedieron muchos amparos en temas relacionados con la preferencia sexual. A la par de la reforma laboral, la primera prueba jurídica para el gobierno que ha iniciado sus gestiones, al señalar a los futuros encargados de áreas estratégicas, es la actualización de las leyes involucradas en lograr esa igualdad. Dejar atrás los matrimonios heterosexuales como referencia en las leyes de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc.) para conceder servicios de salud y así proteger a las parejas homosexuales y demás entidades familiares diversas, es un inicio que debe contemplarse. Los reclamos de grupos LGBTTTIQ deben consolidarse en derechos de seguridad social, para empezar.
El poder de acusar
El INACIPE presenta El poder de acusar donde se establecen las funciones del Ministerio Público. Destaca la figura del fiscal independiente, ajeno a la figura presidencial y con plenitud de facultades para investigar sin caer en favoritismos partidarios; incluso, con facultades para investigar y consignar al Presidente en funciones. La complejidad de tal figura, por ejemplo, radica en que de poco sirve tanta independencia, si el fiscal está sujeto a las decisiones públicas de política criminal, propias de otros funcionarios (qué es delito y cómo demostrarlo, qué delitos deben investigarse primero, verbigracia); o que su inserción en el nuevo sistema de justicia penal podría llevar a la duplicidad de funciones. Un libro revelador de la necesidad de revisar tal figura ministerial, pero, también, el ordenamiento procesal penal.