nrique Peña Nieto tardó más en ordenar a su gabinete no dejar cargas financieras extra al próximo gobierno (versión oficial) que en conocerse –vía La Jornada– que el mismo personaje autorizó, sin hacerlo público, un alza salarial a la alta burocracia días antes de los comicios presidenciales, instrucción que fue ejecutada por la Secretaría de Hacienda.

De todos es conocido que la congruencia no es uno de los fuertes del actual inquilino de Los Pinos, pero entre una instrucción (“no dejar cargas financieras extra…”) y otra (“alza salarial…”), la realidad marca que alrededor de 318 mil integrantes de la burocracia dorada se beneficiaron no sólo con el incremento ordenado por Peña Nieto, sino por la retroactividad (a enero pasado) de la propia medida.

Qué bueno que la intención presidencial de reunirse con su gabinete el pasado martes –según dijo el vocero Eduardo Sánchez– fue pedir a los secretarios de Estado que adopten medidas para no dejar una carga financiera extra al próximo gobierno federal, entre las que se incluye liquidar a trabajadores eventuales, colaborar y brindar toda la información existente para facilitar la elaboración de los nuevos programas.

El propio vocero aseguró que Peña Nieto “pidió a los funcionarios federales cerrar fuerte el sexenio… Una de las medidas que planteó fue que el personal eventual contratado para tareas específicas habrá de irse finiquitando, a efecto de que la estructura de gobierno que reciba la próxima administración no tenga cargas adicionales. Cada secretaría realiza los ajustes necesarios; la de Hacienda ya emitió un lineamiento para prohibir nuevas contrataciones de personal”.

Qué bueno que la instrucción presidencial se cumplió cabalmente (la segunda, no la primera), porque la decisión de aplicar un alza salarial, con retroactividad al primero de enero de 2018, tendrá un multimillonario costo adicional para el erario, además de que ello implica una grave violación a los lineamientos presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio.

Se supone que los inquilinos de San Lázaro son los únicos que, por ley, pueden modificar o aprobar cambios en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero por lo visto la Secretaría de Hacienda, por instrucciones de Peña Nieto, se pasó por el arco del triunfo tal principio legal y comenzó a correr el dinero (léase la carga financiera extra que EPN dijo que evitaría) para la burocracia dorada.

La información de La Jornada (Angélica Enciso y Enrique Méndez) detalla que “de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el personal en las instituciones de la administración pública asciende a un millón 567 mil 381 trabajadores, pero de éstos sólo 317 mil 879 son de confianza y beneficiarios directos del ajuste… En el importe del sueldo base bruto no están incluidas la prima vacacional y prestaciones económicas, por lo que deberán calcularse y ser otorgadas en razón de lo estipulado en el manual de percepciones 2018”.

Añade que la autorización (de aumento) entró en vigor a partir de la segunda quincena de junio y varios funcionarios del gobierno federal confirmaron que en ese momento les entregaron el pago retroactivo, que apareció en sus recibos de nómina. El incremento salarial también se dio mientras crecían las quejas de los contribuyentes por no haber recibido la devolución de impuestos que debió hacerse desde abril, así como por el alza en los precios de los combustibles.

Pues bien, si ese es el concepto de Peña Nieto sobre no dejar cargas financieras extra al próximo gobierno, entonces que AMLO se prepare, porque todo indica que se encontrará con sorpresas de todo tipo y finanzas públicas sostenidas con alfileres.

Las rebanadas del pastel

El barril mexicano de exportación se cotizó ayer a 64.32 dólares, mientras el billete verde se vendió hasta en 19.55 pesos.

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