La austeridad republicana llegará a las universidades públicas del país, en las cuales la mayoría de rectores percibe sueldos que rebasan por mucho los 108 mil pesos mensuales que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que percibirá.

El sueldo del próximo presidente de la República será el techo salarial para el resto de funcionarios públicos, de acuerdo con el artículo 127 de la Constitución.

En las universidades e instituciones públicas de educación superior las remuneraciones de algunos de rectores –incluso las de sus colaboradores más cercanos, como abogados y secretarios generales– se acercan al salario del presidente Enrique Peña Nieto, de 209 mil pesos brutos, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

El rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, percibe 196 mil 914 pesos mensuales antes de impuestos; el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, tiene percepciones brutas de más de 191 mil pesos, mientras el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, percibe 177 mil 895, y el de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa, 118 mil pesos –según datos de 2013, los más recientes disponibles–, de acuerdo con los portales de transparencia respectivos.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene percepciones mensuales brutas de 136 mil 95 pesos; el salario del rector de la Autónoma de Nuevo León es de 135 mil 862, y el del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 128 mil 746 pesos.

Asimismo, la remuneración bruta del director general del Tecnológico Nacional de México es de 160 mil 241 pesos y la de la presidenta de El Colegio de México, 159 mil 556 pesos.

El mismo artículo constitucional señala que podrá haber excepciones de funcionarios que perciban hasta 50 por ciento más que el Presidente cuando sus condiciones de trabajo o los requerimientos técnicos del puesto lo ameriten. Sin embargo, en los documentos disponibles en los portales de transparencia no se indica justificación alguna para que se cumpla dicho precepto.

Aunque las leyes de transparencia federal y estatales señalan que los sujetos obligados, como las universidades públicas, deben difundir y actualizar la información sobre sueldos y prestaciones en montos brutos y netos, en muchos casos no lo hacen y cuando los difunden, los datos son confusos, opacos y desactualizados.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por ejemplo, difunde en su portal que el rector recibía en 2017 un salario 65 mil 729 pesos. En el apartado de prestaciones, sin embargo, la institución presenta un reporte sin información, pues señala que, de acuerdo con la ley, no se cuenta con el consentimiento de los particulares para su publicación y hacerlo podría redundar en una amenaza a la paz y seguridad de cada individuo por el contenido y trascendencia de estos datos.

La Universidad Autónoma de Guerrero hace algo similar y sólo publica, sin detalles, diversos montos de percepciones de la rectoría, como uno de 279 mil 112 pesos correspondiente al pago de la primera quincena de febrero de 2017.

Otros funcionarios universitarios también tienen percepciones por arriba de las que obtendrá el próximo presidente de la República. Entre ellos están abogados generales, secretarios y directores de facultades.

Así, el abogado general y los secretarios del IPN perciben 151 mil 722 pesos brutos cada mes; la abogada general de la UNAM, 173 mil 60 pesos; los secretarios general y administrativo de la máxima casa de estudios, 174 mil 262 pesos, y los directores de facultades, 108 mil 499.

Acerca del anuncio de López Obrador, el rector de la UAM, Eduardo Peñalosa, dijo que probablemente implicará un ajuste. Estamos pendientes de ver cuál es la repercusión. Yo lo promovería, no podemos sustraernos a una política del país, hay que colaborar; tenemos que ver detalles, pero creo que debemos ajustarnos.