El plan de austeridad del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene algunas propuestas necesarias y plausibles, pero también incluye aspectos cuya realización no está del todo clara y otros que son francamente nocivos, además de no mencionar puntos fundamentales en materia de profesionalización del trabajo burocrático, señaló Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.

En entrevista, la académica subrayó que no debe confundirse austeridad con la lucha contra la corrupción, y consideró que una de las medidas de López Obrador no sólo es necesarias, sino indispensable, que es la eliminación de los privilegios de los que gozan muchos servidores públicos, como la posibilidad de lucrar con información oficial o la utilización para fines personales de vehículos y choferes.

Hay también otras iniciativas que ya existen en la actualidad y cuya puesta en marcha todavía no se ha aclarado, como la modificación al artículo 108 constitucional para quitarle el fuero al presidente aun estando en funciones, y la inclusión del robo de combustibles y el fraude electoral como delitos de corrupción.

De igual forma, hay puntos que significan un despropósito y son contrarios a diversos convenios internacionales, como aumentar la jornada de trabajo de los burócratas de lunes a sábado, al menos ocho horas diarias, asumiendo que todos ellos son ineficientes o perezosos, ya que de esta forma se perjudicaría especialmente a las mujeres que atienden a su familia.

Reducir salarios a rajatabla podría aumentar los incentivos para la corrupción, haciendo que la calidad de la función pública disminuya. Me parece bien que se suprima el exceso de burocracia ineficiente, pero reducir por reducir, sin un proceso de diagnóstico y análisis, podría generar un efecto nocivo, alertó Morales.

Por otro lado, la especialista consideró que hay medidas fundamentales que no son mencionadas en el plan del tabasqueño, entre ellas la profesionalización de los trabajadores del gobierno y el monitoreo de inteligencia financiera para desmantelar redes de corrupción.