La Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) capitalina recibió –entre 2011 y 2017– 234 quejas por presunta violación a las garantías individuales de la población por la construcción de obras públicas y proyectos inmobiliarios en esta capital, que derivaron en 23 recomendaciones a las autoridades locales, de las cuales sólo seis concluyeron y el resto se quedó pendiente, lo cual es preocupante.

Así lo detalló ayer la titular de ese organismo, Nasheli Ramírez Hernández, durante la presentación del Informe Especial Crecimiento Urbano y Derechos Humanos en la Ciudad de México, donde precisó que en esas recomendaciones emitidas se constató que hubo deficiencia en la planeación, ordenación, ejecución y vigilancia de los proyectos inmobiliarios y las obras públicas.

Ante funcionarios de la administración capitalina, diputados locales, representantes de organizaciones sociales y académicas, así como integrantes del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno, la ombudsperson puntualizó que derivado de las investigaciones realizadas por las 234 quejas mencionadas esta comisión encuentra especialmente preocupante la existencia de señalamientos frecuentes sobre corrupción, lo cual propicia la existencia de violaciones a derechos humanos y, en particular, esa conducta tiene la potencialidad de ser factor detonante de la pérdida de vidas.

Esta corrupción –expresó– se vuelve mortífera y es especialmente reprobable, no sólo por sus consecuencias más evidentes, sino porque implica la normalización de conductas sociópatas que terminan por lastimarnos y degradarnos como sociedad.

Al referirse al rezago en el cumplimiento de las recomendaciones por el gobierno local, la presidenta de la CDHDF comentó que es otro factor de especial preocupación, y detalló que en particular la administración capitalina se muestra reacia a aceptar los puntos recomendatorios relativos a la imposición de sanciones, que de no concretarse es caldo de cultivo para la corrupción y, por ende, debe atenderse ese fenómeno de impunidad.

Ramírez Hernández enlistó cinco desafíos para la ciudad en materia de crecimiento urbano, derivado del citado informe: conservar al máximo las zonas protegidas y cuidar el equilibrio ambiental; cubrir las necesidades de vivienda de la población; atender la movilidad, obras y servicios públicos; garantizar el derecho a la ciudad, y cumplir la reconstrucción –y reconocerla– como una urbe sísmica.

Clara Jusidman, presidenta de la organización Incide, manifestó que por el rumbo que lleva la capital en esa materia nos dirigimos a un colapso urbano muy fuerte, por lo que llamó a reflexionar esa situación y encontrarle solución.

Una postura coincidente externaron Javier González Garza, funcionario de la Secretaría de Ciencia; el diputado local, David Cervantes, y César Cravioto, legislador capitalino e integrante del equipo de transición de Sheinbaum Pardo, quienes mencionaron que es hora de frenar la dinámica que hasta este momento ha temido la Ciudad de México y corregir los temas que están afectando a su población y su calidad de vida.