Managua

Familiares de personas encarceladas durante las protestas en Nicaragua fueron desalojados ayer de las inmediaciones de la cárcel metropolitana El Chipote, bajo amenazas de ser atacados por partidarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, informaron activistas de derechos humanos.

Miles de nicaragüenses tomaron las calles de Managua en una nueva jornada de protestas en contra y en favor del gobierno, luego de una violenta semana en la que la fuerza pública, junto con paramilitares leales al mandatario, retomó los últimos bastiones opositores.

Carla Sequeira, directora jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, indicó que desde el viernes pasado recibieron información sobre una marcha convocada por el gobierno para desalojar con violencia a los familiares de los detenidos y que por la mañana recibieron más amenazas telefónicas, por lo que decidieron desalojar a las personas hacia la catedral de Managua.

Durante varias semanas las familias de manifestantes y opositores presos instalaron en las inmediaciones de la cárcel conocida como El Chipote un campamento, en el que algunos voluntarios los proveían de colchones, alimentos y baños portátiles, lo que se convirtió en foco de atención de la prensa nacional e internacional.

Braulio Abarca, abogado del independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, denunció a la cadena privada 100% Noticias que dentro de El Chipote se encuentran “64 ‘presos políticos’, entre ellos ocho menores de edad”. Además condenó la intimidación gubernamental, que calificó de nuevo atropello oficialista.

De acuerdo con organizaciones humanitarias, muchos internos fueron apresados ilegalmente por grupos paramilitares, quienes con lujo de violencia disolvieron tranques (bloqueos de carreteras) y todo tipo de manifestación antigubernamental.

En las calles del sur de Managua, portando un pendón blanquiazul y entonando cánticos como de que se van, se van, miles de opositores marcharon contra el presidente y ex guerrillero, de 72 años, al que acusan de delincuente por ordenar una brutal represión contra opositores, que ha dejado unos 300 muertos en tres meses.

Por separado, en el centro de la capital, miles más marcharon contra la oposición, a la que acusan de planear un golpe de Estado contra Ortega, quien enfrenta su peor crisis desde que retomó la presidencia, en 2007. Para ello el gobierno convocó a sus empleados y simpatizantes a una movilización que denominó Caminata Justicia para las Víctimas del Terrorismo, que concluiría en las afueras de El Chipote.

En ese contexto, Estados Unidos consideraría sanciones económicas contra Nicaragua, aseguró en Buenos Aires el secretario del Tesoro estadunidense, Steven Mnuchin. En general no comentamos sobre futuras sanciones, pero es razonable pensar que es algo que consideraríamos, respondió Mnuchin a periodistas antes del inicio de las deliberaciones entre ministros y banqueros del Grupo de los 20.

En tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana envió una carta a obispos y al pueblo nicaragüense, en la cual les expresa su solidaridad y rechaza la muerte de inocentes por la violencia que azota el país. Lamentamos mucho que sean tantas las comunidades afectadas por la violencia de Estado, muertes de inocentes y familias desgarradas por el dolor que produce tanta injusticia, señala el texto divulgado por la Iglesia.

Paralelamente, Holanda anunció la suspensión temporal de la construcción de un hospital en la zona norcaribe de Nicaragua, valuado en casi 21.5 millones de dólares, debido a las graves violaciones de derechos humanos cometidos por oficiales del gobierno y grupos parapoliciales. El gobierno del Reino de los Países Bajos ha suspendido la cooperación para la edificación del hospital en Bilwi, señala un informe.