Una de las prioridades del grupo de Morena para la próxima legislatura es expedir la ley reglamentaria de la reforma constitucional sobre salarios máximos en la administración pública federal, norma congelada desde noviembre de 2011 en la Cámara de Diputados, lo que ha impedido acabar con la fijación arbitraria de sueldos y prestaciones millonarias para funcionarios de nivel medio y alto.

Un grupo de senadores electos de Morena analiza esa minuta de ley de remuneraciones de los servidores públicos, aprobada hace siete años –y por ello, ya desfasada– y otras iniciativas en la materia presentadas en la legislatura por concluir. Una de ellas es la que llevó a la tribuna de la Comisión Permanente, en febrero pasado, el ahora senador con licencia Miguel Barbosa.

Lo hizo a nombre del PT Morena en el Senado antes de pedir licencia e incluye el entramado legal para cumplir con la reforma que se hizo en 2009 a los artículos 75 y 127 Constitucionales a fin de fijar topes a las remuneraciones de los servidores públicos de los tres poderes, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de organismos descentralizados y autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y el Banco de México.

Los mandos de nivel medio y superior de los mismos no podrán recibir remuneraciones extraordinarias de ninguna naturaleza. Tendrán una percepción fija y única, definida con exactitud, que será pública y sin pagos adicionales durante y al final de su desempeño”

La iniciativa retoma los puntos centrales de la minuta congelada, entre ellos establecer principios rectores para determinar las remuneraciones de todos los servidores públicos a fin de acabar con las políticas salariales diferenciadas en la administración pública.

Establece que los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato y tampoco los secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales de organismos descentralizados o autónomos. Ello, para impedir que se repitan casos como el de un ex director de la Comisión Federal de Electricidad que obtuvo una cifra millonaria al dejar el cargo.

En el Presupuesto de Egresos se señalarán las erogaciones de jubilaciones y pensiones, compensaciones y haberes de retiro, de acuerdo con la nueva ley. Se incluirán tabuladores desglosados de las remuneraciones propuestas, de acuerdo con un manual de percepciones de servidores públicos que emitirá la Secretaría de Hacienda.

La iniciativa del PT Morena prevé sanciones como multas, inhabilitación al cargo y prisión hasta de cuatro años para funcionarios que establezcan sueldos, jubilaciones o pensiones más allá de lo que marca la nueva legislación.

Se crea el tipo penal remuneración indebida, y penará al servidor público que reciba pagos o préstamos no autorizados.

En la sesión de 2011 en que se aprobó la ley reglamentaria, el entonces coordinador del PT, Ricardo Monreal, dijo que habría sido contraproducente no aprobar esa ley que va contra el sistema de privilegios y las redes de corrupción existentes en la burocracia mexicana.

Monreal, ahora coordinador del Grupo de Morena en el Senado, el más numeroso, será el responsable de impulsar la aprobación de esa ley.