Cuernavaca, Mor.

El gobernador Graco Ramírez reformó el acuerdo que estipula los lineamientos para el proceso de entrega y recepción de su administración (2012-2018) a la del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018- 2024), para ‘‘no entregar documentos fundamentales’’ a la nueva gestión, informó Gerardo Becerra, integrante de la comisión ciudadana que investiga presuntos actos de corrupción del actual mandatario, su familia y gabinete.

Precisó que Ramírez debió comenzar este proceso después de que a Blanco Bravo le entregaron la constancia de mayoría –el 8 de julio–, pero ordenó postergarlo hasta el primero de septiembre, ‘‘pasando por encima’’ de quienes votaron por Blanco.

El activista advirtió que el perredista pretende ocultar información de las dependencias del gobierno del estado y obstaculizar la gestión que se iniciará el primero de octubre.

Calificó de ‘‘excesivo’’ e ‘‘inmoral’’ que Graco Ramírez ‘‘no entregue cuentas claras a los morelenses’’. Añadió que se está negando al nuevo gobierno acceso oportuno a documentos que sustenten el estado de las finanzas del estado y de sus recursos humanos, materiales, obras y programas, asuntos jurídicos y generales.

Advirtió que la opacidad en el proceso de entrega y recepción dejará en la indefensión al gobierno de Blanco Bravo.

El también vocero del Frente Amplio Morelense dijo que la primera reunión informal con la administración de Graco Ramírez se llevó a cabo el 4 de julio, pero el gobernador ordenó apegarse a la reforma sobre el proceso de entrega y recepción publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad el pasado 13 de julio.

‘‘Con esa reforma Graco Ramírez demuestra que el suyo no es un gobierno apegado a procesos jurídico-administrativos. No se puede entregar una administración de buena fe. Los documentos que no quiere entregar deberían ser públicos porque son del gobierno del estado’’, destacó.

Si el proceso comienza el primero de septiembre, advirtió, no habrá tiempo para que la comisión de enlace de Blanco Bravo pueda revisar o inconformarse con lo que reciba.

No obstante, dijo que las investigaciones a la administración de Graco Ramírez, su familia e integrantes de su gabinete se van a realizar, y advirtió a los funcionarios y trabajadores de la actual administración que sustraer y desaparecer documentos públicos es un delito.