La casa de transición de Andrés Manuel López Obrador continúa como receptora de innumerables demandas sociales, y por momentos la calle de Chihuahua ha sido cerrada incluso a la circulación vehicular, para permitir las manifestaciones de ciudadanos que demandan audiencia con el virtual presidente electo.

Ayer marcharon hasta la calle de Chihuahua jubilados del gobierno de Ciudad de México, quienes pidieron a López Obrador su intervención porque Miguel Ángel Mancera se negó a pagar la actualización de sus jubilaciones, el bono de previsión, prestaciones y vales de despensa.

Los ex trabajadores de la tercera edad, algunos con bastón, y que forman parte de la Federación Democrática de Asociaciones de Trabajadores Jubilados y Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el gobierno capitalino reclamaron, con mantas y a gritos, que el gobierno de la ciudad recibió 20 mil millones de pesos por esos conceptos, pero no se los entregó.

En una manta escribieron: ¡Fuera Mancera! Los jubilados de las cajas de ahorro demandamos a Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno, por negarse a pagarnos los incrementos de nuestras pensiones y prestaciones. Nos deben a cada uno 25 mil pesos.

También, militantes de Morena del municipio San Antonio la Isla, estado de México, realizaron una manifestación y entregaron una carpeta con las supuestas pruebas de que el tricolor hizo fraude en la elección para alcalde.

Para hacer notoria su presencia hicieron sonar frente a las oficinas una matraca de 25 kilogramos.

Después, representantes del Colectivo Deportados en la Lucha y New Comienzos, integrados por dreamers, repatriados, familias binacionales y separadas, migrantes y jóvenes, entregaron una carta dirigida a López Obrador, en la que le piden que en el diálogo con Donald Trump se abstenga de negociaciones que no garanticen el respeto a sus derechos.

También solicitaron la obtención de documentos de identidad para garantizar el acceso a derechos básicos; políticas de trabajo, salud, educación y vivienda propia o arrendada para contribuir a la reunificación familiar; apoyos económicos; atención a niños y jóvenes para su adecuada reinserción escolar; revalidación de estudios; asesoría y representación social; custodia y tutela de menores, así como una mesa de diálogo.