uchos nombres, un mismo proyecto. La propuesta de promover el desarrollo regional, mediante la construcción de un canal seco que conecte el Golfo de México con el océano Pacífico, enlazando los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, ha sido bautizada de muchas maneras en los recientes 51 años. Pero, más allá de como se le llame, la propuesta es, en esencia, la misma.

La reciente iniciativa en esta dirección provino del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Así se lo informó a Donald Trump, en la misiva que le envió por conducto del secretario de Estado Mike Pompeo. Y así lo anunció, al dar a conocer los proyectos de infraestructura prioritarios.

La historia moderna de este megaproyecto es larga. En 1967, el presidente Gustavo Díaz Ordaz formó una comisión para impulsar el transporte interoceánico por contenedores. En 1974, Luis Echeverría, proyectó la ampliación del ferrocarril construido durante el porfiriato, al tiempo que edificó el Complejo Petroquímico de la Cangrejera y de la Refinería de Salina Cruz. En 1977, José López Portillo echó a caminar el Plan Alfa-Omega, un sistema de transporte de carga transístmico empleando contenedores. En 1985, Miguel de la Madrid puso manos a la obra en el oleoducto Nueva Teapa-Salina Cruz.

Con ligeras variantes, la fantasía siguió sexenio a sexenio. En 1996, Ernesto Zedillo dio a conocer el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec, que pretendió integrar la región al desarrollo mundial de bienes y servicios, por supuesto, mediante un corredor de transporte interoceánico. En 2001, Vicente Fox rebobinó la iniciativa promoviendo el Plan Puebla-Panamá. En 2007, Felipe Calderón anunció el Sistema Logístico del Istmo, para licitar las terminales de contenedores Coatzacoalcos y Salina Cruz, y la operación de un moderno ferrocarril de carga. Tres años después, comunicó la cimentación de un corredor multimodal. Enrique Peña Nieto promovió este megaproyecto en dos momentos distintos: primero, en 2013, con el Plan Istmo Puerta de América y, tres años más tarde, lo relanzó incorporándolo a las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Todas y cada una de estas iniciativas fracasaron en su intento de constituir el corredor Transísmico.

El nuevo plan de AMLO considera al corredor también zona franca y parte de las ZEE, que su futuro jefe de Gabinete, Alfonso Romo, quiere extender al conjunto del territorio de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Una ZEE es un enclave donde el marco regulatorio en el que deben funcionar las empresas (por ejemplo, el pago de impuestos o el cumplimiento de las obligaciones administrativas) se minimiza en relación al existente en el resto del país.

El Istmo de Tehuantepec es una región de una enorme riqueza ambiental y cultural. Según el investigador Miguel Ángel García, allí sobreviven los bosques y selvas tropicales húmedas más importantes del país, por su biodiversidad y extensión conservada. Es zona de contacto entre la fauna y la flora de Norte y Sudamérica, y forma parte del grupo de ecosistemas que albergan todavía entre 30 y 40 por ciento de la biodiversidad del mundo. Es la región con mayor disponibilidad de agua en función de su demanda a escala nacional y donde se generan los sistemas lagunares más grandes del Pacífico mexicano. El proyecto podría dañar sin remedio al medio ambiente.

El Istmo es, también, un territorio habitado por 12 pueblos originarios, que viven en 539 comunidades: chinantecos, chochocos, chontales, huaves, mazatecos, mixtecos, mixes, zapotecos, nahuatlacos, popolucas y zoques. Ancestralmente han resistido a los proyectos de modernización que buscan despojarlos de sus tierras, territorios y recursos naturales de la mano del progreso.

El nuevo gobierno ha anunciado que acompañará la construcción del nuevo corredor transísmico haciendo copartícipes de sus beneficios a los afectados, para (en palabras de Tatiana Clouthier entrevistada por Ernesto Ledesma), que les caiga dinero en su bolsa y esto les ayude a ellos a mejorar. Con ello se garantizaría sumarlos al proyecto. Adicionalmente, según algunos analistas cercanos a AMLO, una hipotética aprobación de los Acuerdos de San Andrés daría herramientas a los pueblos indígenas para que se defiendan mejor.

Se trata de una expectativa en exceso optimista. El capítulo sobre Derechos y Cultura indígenas de los Acuerdos de San Andrés fue firmado por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996. El resto de los temas a tratar quedaron pendientes. Mucha agua ha corrido en ese río desde entonces. El mundo indígena ha cambiado enormemente en los recientes 22 años. Las nuevas leyes mineras y energéticas son una sentencia de muerte para los pueblos originarios.

Más allá de la voluntad de transformación y de la lucha contra la corrupción, el corredor transísmico, la extensión de las ZEE, la pretensión de convertir a México en un paraíso de la inversión, anuncian el inminente choque de estos proyectos con los pueblos indígenas.

Twitter: @lhan55