A tres años del asesinato de Mile Virgina Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril en un departamento de la colonia Narvarte, familiares y ONG denunciaron que sigue sin conocerse la verdad de ese crimen.

Aunque la autoridad de la ciudad se empeñe en presentar públicamente el caso como concluido, las familias de las víctimas así como las organizaciones insistimos en que el caso Narvarte sigue y seguirá abierto hasta que se garantice plenamente el derecho a la verdad, la justicia una justa reparación y se asegure institucionalmente que crímenes como éstos no quedarán impunes, dijeron en conferencia de prensa.

David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, expuso que la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México estaría apostando al cansancio y al olvido, pues todo parece indicar que no están interesados en investigar realmente lo que ocurrió, ni en garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

Ninguna autoridad, señaló, ha sido sancionada por las violaciones cometidas. Por el contrario, personajes que estuvieron directamente vinculados con la investigación en su etapa inicial han sido promovidos.

Las ONG manifestaron las incongruencias y dudas sobre las pesquisas. Expusieron que tienen conocimiento de una huella y restos de ADN que no coinciden con las tres personas acusadas. Es decir, hay una contaminación de la escena por parte de la procuraduría, que no ha querido ser reconocida abiertamente o se trata de una persona adicional a esas tres.

También denunciaron que a partir de la revisión de los videos que la Secretaría de Seguridad Pública capitalina registró, detectaron varias contradicciones en los testimonios, de testigos y agentes policiales, que en su momento la procuraduría capitalina utilizó para acusar a las personas detenidas.

Agregaron que los hechos fueron una ejecución. Los perpetradores realizan una serie de actos tendentes a minimizar a sus víctimas, quienes fueron sometidas, amarradas y luego agredidas con altísimo nivel de violencia para finalmente ser ultimadas con un disparo de arma de fuego, explicó Héctor Pérez, de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM.

Expusieron que a un año de que se emitió la recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no se ha logrado cumplir ninguno de los puntos.