l fideicomiso establecido por militantes de Morena, para auxiliar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, produjo severa avalancha mediática. Bien puede decirse que la crítica, que se expresa en medios masivos, tuvo motivos gratuitos para su regocijo. López Obrador (AMLO) y su triunfante partido habían sido, según interesada versión, pepenados en deshonesta curva. Una torva denuncia priísta alertó a las autoridades del INE suponiendo trafique de recursos para influenciar votantes. Más presurosas que objetivas las investigaciones derivadas desataron lo que en un inicio pareció justificada multa millonaria. La reacción de AMLO no se hizo esperar y acusó a los consejeros electorales de vengativos. El follón alcanzó niveles insospechados. Unos llegaron a decir que el escándalo perseguirá a Morena y su adalid por muchos años. La coraza de honestidad presumida por Obrador se había abollado de manera irreparable concluyeron otros con nada fingida fruición.
El presidente del Consejo del INE intervino para bajar los decibeles alcanzados por el diferendo. No era ya un simple candidato el que estaba en la disputa sino el casi presidente electo por abrumadora mayoría. La credibilidad era el supuesto en juego y, todo indica que algunos consejeros quedarían en la estacada sino posiblemente el mismo instituto. La pendiente resolución del Tribunal Electoral situará, con esperada precisión jurídica concomitante, el feroz diferendo. Lo cierto es que un par de consejeros presionaron para que la investigación y multa aparejada, fuera conocida antes de las votaciones del primero de julio. El propósito era exponer, ante los electores, la clase de candidato que tendrían ante ellos. No lo lograron y las consecuencias entrarán en claridosa fase de expectante actualidad.
Lo que permanece destacable de este espinoso asunto es la furiosa reacción desatada en los medios de comunicación de masas, redes sociales incluidas. Todo un firmamento de opinócratas ocupó sus, hasta ahora, inamovibles asientos frente al auditorio. Sus cátedras son tan unilaterales como erradas y traslucen defensas del ahora oficialismo en plena crisis. Se levantó todo un andamiaje donde AMLO tenía que colocar su culpable cabeza para ser cercenada. Morena y los morenos del fideicomiso eran, sin duda valedera ante sus celosos ojos, personas jurídicas íntimas. Usar además la oscura figura de un fideicomiso lleva implícito, según severa versión crítica, pecados tan imperdonables como si hubiera sido establecido por priístas irredentos.
Para fortuna de la asediada audiencia los tiempos políticos corren a velocidades variables. Unas veces se atropellan y, en otras ocasiones, se paralizan por un simple viaje a la Lacandona. En este intervalo ha sido posible fijar la mirada en asuntos de mayor sustancia y trascendencia para la vida organizada. La situación que va siendo revelada en cuestiones petroleras o, más generales, en lo tocante a la energía, es devastadora. Pemex reporta pérdidas y muestra las ineficiencias inverosímiles de sus refinerías. Al mismo tiempo, la CFE aparece, también, como empresa emproblemada hasta el mismo cuello. Y los contrastes con las utilidades de sus proveedores de electricidad son tan brutales como abusivas. El equipo recién nominado para hacerse cargo de estos asuntos cruciales de la vida económica de la nación no deja dudas. Son personas que llevan tiempo invertido en esclarecer las consecuencias de una reforma energética, en mucho contraria a los intereses de los mexicanos, pero favorable para ciertos otros muy particulares. Tampoco se empareja, siquiera, con la narrativa desarrollada por el oficialismo gobernante a ese respecto. Se habló, con vehemencia e intensidad, de inversiones masivas, aumento de producción, precios decrecientes, empleos bien remunerados, eficiencias notables, traslado tecnológico y demás sutilezas acostumbradas por los fanáticos de los mercados y las aperturas modernizantes.
Los que se harán cargo de estos temas no son postulantes con mentes colonizadas ni se atemorizan ante el despliegue propagandístico opositor. Tienen experiencia administrativa, sólida formación ideológica y van decididos a eliminar dispendios, latrocinios, complicidades, contratismo rampante y, en especial, entregas de las riquezas nacionales a los muchos traficantes de influencia. Desde hace ya bastantes años, bajo la iniciativa panista (2007) para reformar el sector y abrirlo a la inversión privada, se tuvieron sendas discusiones en el Senado. La versión oficial salió derrotada con amplitud frente a una visión nacionalista y se detuvo la tentativa anunciada. Desde ese momento al presente, los argumentos del cambio se han solidificado con mejor entendimiento y precisión. Aquí, en este crucial sector, se abre, con meditada decisión, una vital claraboya para la transformación prometida.
