Contrario a la tendencia de endurecer sanciones para inhibir conductas irregulares en el gasto de los partidos, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) flexibilizó los criterios para sancionar desvíos en la erogación de recursos de campaña en las pasadas 31 elecciones. Consecuencia del ajuste es que las multas impuestas por las anomalías se reducirán de manera importante a todos los institutos políticos.

Durante la sesión del lunes, la comisión aprobó, con el voto en contra de la consejera Pamela San Martín, modificar los criterios para sancionar conductas ilícitas: el gasto no reportado, que implicaba una multa de 150 por ciento del monto involucrado, ahora será de 100 por ciento; los gastos no comprobados, que derivaban en una multa de 100 por ciento del recurso, ahora será sólo de 50 por ciento; el reporte extemporáneo de eventos, que considera una sanción de 50 unidades de medida administrativa –4 mil pesos– ahora serán de cinco unidades, es decir, 400 pesos.

San Martín reprobó esta flexibilización de las sanciones, porque coloca en riesgo los alcances de la fiscalización y anula el carácter inhibitorio de conductas que tenía el monto de las multas en pasadas elecciones. Si bien reconoció que en cada proceso de fiscalización se aprueban –previamente a los dictámenes– estos criterios, señaló que entre los ya mencionados había una consistencia en el monto de sanción que ahora se rompe.

De entrada, el PRI verá reducida una multa de 30 millones de pesos a cerca de 20 millones, derivado del gasto no reportado del pago a sus representantes de casilla, tan sólo por la adecuación del criterio. Según la Comisión de Fiscalización, el monto de gasto no reportado fue de 360 millones de pesos en todas las elecciones, lo cual implicaría anteriormente una multa de 540 millones de pesos, pero que ahora será modificada.

–¿Se está flexibilizando la fiscalización? –se le preguntó a San Martín

–No se están sancionando las conductas en los términos en que se había pactado. Es preocupante que no haya el reporte de gastos o uno de agendas oportunamente, no por la omisión nada más, sino por el efecto que tiene para la fiscalización.

Refirió que en el caso del gasto no reportado, que anteriormente se calculaba en una matriz de precios con el más elevado que se haya detectado, ahora será en referencia al más frecuente. Esto implicará, dijo, que no reportar una operación cuando se tenga el precio más caro de mercado, será un beneficio para quien no reporta, porque se le ponderará con el monto más frecuente.

San Martín indicó que la principal virtud de la reforma de 2014 era favorecer una fiscalización en tiempo real, es decir, paralelamente a las campañas se reportaba el gasto. Sin embargo, con esta flexibilización en los criterios, se afecta ese principio, porque los partidos pueden reportar extemporáneamente, favorecidos por esta adecuación, complicando la labor de las autoridades para evitar que no se reporten gastos.

Tras los cambios aprobados por los consejeros, la Unidad Técnica de Fiscalización se abocó ayer a recalcular las sanciones antes de circular los proyectos a los partidos.