Un militar en retiro relacionado en el expediente del caso Iguala impugnó la creación de la comisión de la verdad para la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Se trata del teniente de Infantería Joel Gálvez Santos, quien la noche del 26 de septiembre de 2014 recibió información de sus subalternos relacionada con lo que sucedía en Iguala.

En el expediente del caso Iguala se agregó una declaración de un militar que estaba bajo las órdenes del teniente Gálvez Santos, sobre los hechos de la noche del 26 de septiembre: Me encontraba observando en el Palacio de Justicia lo que estaba sucediendo por aproximadamente unos 40 minutos, los policías municipales de Iguala se percataron de mi presencia, por lo que opté por dejar en ese lugar mi motoneta para tratar de despistarlos. Cuando ya iba caminando, como a unos 300 metros, observé que los policías se acercaron a mi moto asegurándola, por lo que, como vi que estaban muy agresivos los policías, opté por dejar que se la llevaran.

Gálvez Santos interpuso un recurso de revisión extraordinaria en contra de la sentencia del primer tribunal colegiado de Tamaulipas, del 4 de mayo de 2018, que ordenó, la creación de la comisión.

El pasado 17 de julio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la solicitud de facultad de atracción por parte del tercer tribunal unitario del decimonoveno circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas.

De este modo, será la primera sala del alto tribunal la que resuelva si atrae los recursos de revisión extraordinaria promovidos por distintas dependencias del gobierno federal contra la comisión de la verdad. El 31 de mayo, el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito con sede en Tamaulipas, resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas.

Determinó que existían indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura, por lo que concedió la protección de la justicia federal a los quejosos y pidió reponer el procedimiento.

Asimismo, señaló que como no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, esa resolución fue impugnada, pero el tribunal desechó los 43 recursos de revisión extraordinaria que presentaron varias dependencias, incluida la Presidencia de la República y la PGR.