Tanto los gobiernos como las empresas podrían ser factores para minar la libertad de expresión en Internet, en vez de cumplir su labor de enfrentar problemas como los discursos de odio o las noticias falsas, advirtió David Kaye, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, pero también deben actuar para asegurar que la capacidad de las plataformas de Internet para proveer un espacio seguro para la libertad de expresión no se vea socavada, aseguró el especialista en un informe.

Kaye lamentó que desafortunadamente los gobiernos se están moviendo en la dirección equivocada y a menudo ello implica amenazas directas para la libertad de expresión en línea. Las peores amenazas incluyen la criminalización de la crítica en línea hacia el gobierno, la religión u otras instituciones públicas. De igual manera, señaló, hay reglas que responsabilizan a las empresas para determinar qué es ilegal en línea, a riesgo de sufrir multas financieras, sin el tipo de rendición de cuentas pública que dichas decisiones requieren, por lo que los gobiernos deberían evitar ese enfoque de regulación.

Agregó que los estándares y procedimientos de las empresas de Internet, particularmente en el contexto de las redes sociales, son preocupantes en términos de derechos humanos, debido a su falta de claridad y transparencia en el proceso de creación e implementación de reglas.